El Indot es la entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública encargada de ejecutar la política pública de donación y trasplante en el país.
Guayaquil – Ecuador.- En cinco días la Defensoría del Pueblo deberá presentar un informe sobre el cumplimiento o no de la sentencia en primera instancia, luego de una acción de protección presentada por una persona con VIH que espera acceder a un trasplante renal.
Pedro (nombre protegido) presentó en octubre este recurso luego de dos años de trámites en hospitales del Ministerio de Salud, del IESS, incluso particulares, para recibir un trasplante como solución a su diagnóstico de insuficiencia renal crónica que lo obliga a asistir a hemodiálisis tres veces por semana. Uno de sus familiares sería el donante.
El usuario denunció ante la justicia que su solicitud fue rechazada en al menos cuatro ocasiones. Su abogado, José Flores, ha indicado que las unidades médicas habrían vulnerado varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la salud, la vida y la no discriminación.
El 11 de noviembre la jueza Natasha Bluzteian emitió un fallo parcial a favor de Pedro. En esa resolución pide al Ministerio de Salud que responda sobre los protocolos para casos de este tipo, que sí se aplican en centros privados locales y en otros países.
La jueza dio un mes de plazo para el cumplimiento de esa disposición. Luego, el 23 de noviembre, se resolvió un recurso de ampliación que fue presentado por la defensa del paciente. Fue cuando se sumó a la Defensoría del Pueblo para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia, así como a las resoluciones y acuerdos de reparación.
El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Indot), entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública (MSP), es la encargada de ejecutar la política pública de donación y trasplante en el país. En noviembre emitió un comunicado en el que reconoció que el VIH “no es considerado una contraindicación para el trasplante, siempre que el paciente tenga su condición bien controlada”.
La institución además explicó que hospitales en Cuenca y Quito manifestaron su imposibilidad técnica, al no contar con la capacidad resolutiva ni protocolos internos para realizar un trasplante de órganos con donante vivo en pacientes portadores de VIH.
Sin embargo, indicó que luego de varias gestiones obtuvo una respuesta favorable de un hospital del IESS que, tras analizar el caso, “notificó que el paciente puede ser derivado formalmente con la finalidad de ser evaluado por el equipo multidisciplinario”. Hasta ahora esa derivación no se ha cumplido.
La Defensoría ya delegó a un funcionario para recopilar toda la documentación del caso, tanto la presentada por Pedro como los informes del Ministerio de Salud.
Fuente: El comercio (Ecuador)
