El ente regulador de los medicamentos en el Perú se encuentra en la mira debido a la burocracia que hay dentro del sistema que evita la eficiencia de la entrega de registros sanitarios.

Escribe: Renato Arana / Conexión Vida

Lima, Perú.- El Ejecutivo propuso hace una semana, un proyecto de ley para obligar a las boticas y farmacias la venta de medicamentos genéricos, como parte de una política de aseguramiento de acceso a medicamentos a precios justos. Sin embargo, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) parece estar fuera de esta propuesta, pese a ser pieza clave en esta cadena de problemas.

Ahora, bien. ¿Una DIGEMID independizada del Ministerio de Salud (MINSA), cómo solución? Esa es la recomendación que plantea la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) en un documento titulado Agenda País, en el que analiza la desaceleración de la economía peruana.

De acuerdo a la publicación, la dependencia de la DIGEMID hacia el MINSA le resta flexibilidad y capacidad de acción para avanzar en la reglamentación de normas que están directamente relacionadas al desempeño del sector farmacéutico.

“En lo relacionado al registro sanitario, la DIGEMID puede demorar hasta tres años para procesar el registro de productos biotecnológicos innovadores” precisa el documento y señala que ello genera retraso en el acceso a terapias innovadoras para tratamientos de enfermedades con alta tasa de mortalidad, como el cáncer: “El número de productos innovadores al que se tiene acceso en el Perú es considerablemente menor al promedio de los países de la OCDE”

La clave: autonomía de funciones y presupuesto

¿Qué opinan los expertos al respecto? Javier Llamoza, decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, señala a Radio Conexión Vida que, al igual como sucede en otros países, la DIGEMID debe contar con autonomía. DIGEMID depende de funciones y presupuesto del MINSA, señala.

Fotos : Javier LLamoza (izquierda) César Amaro (derecha)

“En cuanto a funciones, si fuera autónomo, el nombramiento del director del DIGEMID podría ser por concurso y no puesto de confianza cómo se da actualmente. Han pasado hasta seis ministros de Salud y esa misma cantidad de cambios genera inestabilidad en el sector que hace que no se pueda llegar a las metas trazadas”, explica.

Las limitaciones presupuestales, continúa Llamoza, se traducen como casos en los que se requería la contratación de 90 profesionales y solo se alcanzó 20, sin sumar el déficit de equipos tecnológicos necesarios para agilizar los procesos. Ello, lamenta el decano, impide que DIGEMID sea reconocida por la Organización Panamericana de la Salud como Autoridad Reguladora Nacional de Referencia Regional para medicamentos y productos biológicos Nivel IV.

César Amaro, director de DIGEMID en 2014, coincide con Llamoza en una necesaria autonomía de la DIGEMID, pues el Perú ha ido migrando de un país desregulado (“irresponsablemente desde los años 90”) a un modelo mucho más controlado. “La presencia de productos regulados aquí hace que sigamos un paradigma para cumplir con un proceso. Eso está generando un cuello de botella, lo que hace que la DIGEMID no tenga ni la capacidad ni recursos”, explica Amaro.

Respecto a la demora en la entrega de registros, indicó que, si existe decisión política del Ejecutivo para generar una rápida gestión, debemos guiarnos por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, Estados Unidos) o la Agencia Europea de Medicamentos en cuanto a certificación.

La suspicacia surge cuando, como consecuencia de este deslinde del MINSA, la DIGEMID pueda ser copada por personas que hayan trabajado en la industria farmacéutica, favoreciendo a los privados para la introducción de sus productos. “Hay un marco legal básico. Un país puede definir qué medicamento es prioritario. Lamentablemente en toda gestión siempre se corre un riesgo, pero en la gestión pública debe existir vocación de servicio”, acepta Amaro.

“La independencia debe darse con parámetros. Se debe evitar las puertas giratorias: Que personas pasen del público al privado. Además, insisto en esto, deben ser cargos concursables”, se refiere Llamoza.

 

 

 

 

 

 

 

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