Ocurrió en el hospital regional de Tumbes. Funcionarios del Seguro Integral de Salud pretendieron que deudos paguen 3200 soles por sepelio, pero accedieron a afiliación post mortem —por presión de ONG— para librarlos del pago. Durante internamiento de extranjero en fase Sida, le negaron derecho a afiliación al SIS al ignorar Decreto de Urgencia para la cobertura universal de salud.
Escribe: Renato Arana Conde / Conexión Vida
Tumbes, Perú .- Un ciudadano venezolano con VIH tuvo que morir para que las autoridades sanitarias de la región Tumbes lo afiliaran recién al Seguro Integral de Salud que, por derecho debió recibir luego ingresar al hospital regional de Tumbes, donde se le determinó como sospechoso con Covid-19.
El 22 de mayo, a las 11 de la mañana, L.A.P.G., de 29 años de edad, ingresó al referido hospital del Minsa, por el servicio de Emergencia. Apenas podía caminar debido a su extrema delgadez. Su cuerpo era azotado por diarrea, cefalea, vómitos y mareos. Este extranjero, que ingresó irregularmente a nuestro país por la frontera con Ecuador vivía con VIH y para finales de mayo ya presentaba un cuadro grave de Sida.
En los primeros cuatro días, internado, tuvo que pagar por una serie de exámenes y medicamentos, pues no contaba con ningún seguro que lo respaldase. La cuenta de 283.50 soles corrió por cuenta de la filial Prosa en Tumbes (una ONG que apoya a personas con VIH), pues en plena cuarentena y sin trabajo ni buena salud era imposible pagarla. El 26 de mayo, tras someterse a un examen de tórax, el médico a su cargo sospecha que está infectado con Covid-19.
Tres días más tarde, en plena madrugada —1 de la mañana, para ser precisos—, el devastado organismo de L.A.P.G. no resiste y deja de existir.
A horas de la mañana, el personal de Prosa, que estuvo apoyando al venezolano en sus últimos días, se hace presente en el hospital para iniciar los trámites de retiro del cadáver. Pero entonces, desde la oficina del SIS, en ese mismo edificio, les llega la cuenta de lo que será el servicio funerario: 3 mil 200 soles. Y debían pagarla, pues el finado, pese a su situación de vulnerabilidad, no estaba afiliado a este seguro público.
—¡Yo no puedo asegurar a un paciente ya muerto!— fue la respuesta del jefe de la oficina del SIS en el hospital regional, un médico de apellido Manrique, cuando le reclamaron que el venezolano debió contar con este seguro desde que cruzó la entrada de Emergencia.
Y es que el personal de la oficina del SIS pretendía ignorar el Decreto de Urgencia Nº 017-2019, que indica que toda persona, así sea rica o pobre, que esté en nuestro país y no cuente con ningún tipo de seguro, accede por derecho al Seguro Integral de Salud. Tampoco tomó en cuenta la normativa N° 097- MINSA/2018/DGIESP que establece la afiliación inmediata al SIS a personas con VIH u otra condición de vulnerabilidad.
Por lo tanto, tal como manda Decreto de Urgencia Nº 039-2020, todo afiliado a este seguro, con diagnóstico o con la simple sospecha de Covid-19, tiene cubierto el servicio funerario por parte del SIS, en caso pasea mejor vida por esta enfermedad. Aparte, ni siquiera L.A.P.G. debió haber pagado los 283 soles para sus exámenes y medicamentos, por lo expuesto en el párrafo anterior. Así que, por todos lados, los funcionarios de SIS en Tumbes habían perdido de antemano ante este reclamo.
A las 11 de la mañana del 29 de mayo, accedieron a afiliar al difunto y solventar todos los gastos del sepelio, claro, tras ceder a la presión de los trabajadores de Prosa frente a la Dirección Regional de Salud, la encargada de la estrategia de VIH en la región y la encargada de emergencia de Covid-19. Una afiliación post mortem para acceder a un seguro de salud. Al final, sus restos se enterraron en el cementerio Covid-19 de Zarumilla.
La denuncia llegó a las manos de la Defensoría del Pueblo y exige a las autoridades tumbesinas que se inicie una investigación a las autoridades de salud implicadas en este atropello a los derechos.
