Parlamentario pide que el Perú salga de la Corte y prepara un proyecto de ley sobre el derecho a la libertad de conciencia de los funcionarios públicos.
Escribe: Marlon Castillo / Conexión Vida
Lima, Perú.- No es una novedad que el congresista Alejandro Muñante, de las filas del partido conservador de extrema derecha Renovación Popular gestione abiertamente proyectos de ley que van contra los derechos de peruanos y peruanas con distinta orientación sexual a la heterosexual.
Tras el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encontró al Estado de Perú responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley y protección judicial en perjuicio de Crissthian Olivera Fuentes y que dicta diversas medidas para evitar actos similares en el fututo, el parlamentario ha dado el grito al cielo.
La ira del legislador ha ido más allá de sus propias funciones congresales al pedir en un artículo de opinión publicado en el diario Expreso que el «Estado peruano debería pronunciarse a través de la presidente Dina Boluarte, rechazando esta sentencia de la Corte IDH (Interamericana de Derechos Humanos)»
En ese sentido, la solicitud del parlamentario es un pedido para no respetar la Constitución Política y sus acuerdos internacionales que tienen rango de ley.
Además, amenaza con presentar un proyecto de ley que «garantice» el ejercicio pleno del derecho a la libertad de conciencia de los funcionarios públicos; dando a entender que aquellos trabajadores del Estado que no desean cumplir con las normas establecidas en temas de no discriminación GLBTIQ+, no pueden ser obligados a obedecer las normativas o ser sancionados si cometen actos de discriminación.
Muñante alista una invitación a la Canciller para que comparezca ante el Congreso de la República, y explique cuál va a ser la posición soberana del Perú ante este nuevo abuso de poder.
Como se sabe, la CorteIDH ordenó al Estado peruano implementar una campaña informativa anual de sensibilización y concienciación a nivel nacional en los medios de comunicación respecto de la importancia de promover en la sociedad una cultura de respeto, no discriminación y garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+.
También que elabore «un plan pedagógico integral» sobre diversidad sexual y de género, igualdad y no discriminación, «en el ámbito de consumo», diseñe e implemente una política pública para fiscalizar que las empresas cumplan con la legislación nacional e internacional sobre igualdad y no discriminación de las personas LGBTIQ+ y brinde atención psicológica y psiquiátrica gratuita a Olivera, al que deberá indemnizar por daño material e inmaterial.