Tanto la PNP como el Hospital Cayetano Heredia cometieron grabes errores antes y después del accidente
Lima, Perú.- La Defensoría del Pueblo detectó una serie de irregularidades en la atención a las víctimas en el caso del conductor que el pasado 9 de noviembre atropelló a 11 personas, en un paradero, en el distrito de Independencia, ocasionando la muerte de dos de las víctimas.
El conductor, identificado como Jorge Luis Sevilla Paredes, fue intervenido minutos previos al accidente, por un patrullero en la altura de la Avenidas Túpac Amaru y Los Alisos, según consta en su propia declaración ante la comisaría. Pese a que su licencia de conducir estaba vencida y en un aparente estado de ebriedad, no fue detenido por el personal policial.
Tras el siniestro, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, donde no obstante su estado, no recibieron atención inmediata. Los familiares de las y los heridos informaron a la Defensoría del Pueblo que se condicionó su atención a la entrega de una copia de la denuncia policial.
“Incluso se les solicitó que paguen la consulta de emergencia y del servicio de tomografía. Este es un condicionamiento para acceder al derecho a la atención oportuna en salud con el que se incumple la Ley General de Salud. Además, al momento de la emergencia, el hospital no contaba con los medicamentos necesarios, por lo que los familiares tuvieron que comprarlos afuera”, comentó la jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Estela Lozano.
Para cumplir con la exigencia del personal del hospital de presentar una copia de la denuncia policial para acceder a atención, los familiares acudieron a la Comisaria de Independencia donde, pese a la urgencia, se les negó la recepción de esta y se les derivó a la Unidad de Accidentes de Tránsito – UIAT Norte, ubicada en Ancón.
Ante estas irregularidades, la Defensoría del Pueblo está solicitando al Hospital Cayetano Heredia iniciar una investigación por el presunto incumplimiento de la Ley General de Salud, que obliga a los establecimientos médicos atender de forma inmediata y oportuna las emergencias, y sancionar a quienes halle responsables por la demora en la atención oportuna a los y las heridos.
A la par, se ha solicitado a Inspectoría General de la Policía Nacional iniciar una investigación para identificar al personal del patrullero que intervino antes del accidente al conductor y poner en marcha las medidas correspondientes.
