La organización Esperantra, se opone al uso de medicamentos genéricos contra el VIH y el Cáncer, sin dar a conocer que tiene un serio conflicto de interés al recibir financiamiento de las empresas farmacéuticas que promueven medicamentos de «marca»
Lima, Perú.- El portal de noticias Ojo Público, presentó esta mañana una investigación sobre diversas organizaciones no gubernamentales ONG nacionales e internacionales que reciben financiamiento de la industria farmacéutica y a la vez hacen eco de las acciones a favor de la industria de medicamentos y limitan el acceso a la salud de los pacientes y usuarios.
Según el informe periodístico, Eva María Ruíz de Castilla fue miembro del consejo directivo para América Latina de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO, por sus siglas en inglés) entre los años 2009 y 2016, pero a la vez fundó la ONG Esperantra, para abordar temas de cáncer. Sin embargo jamás dijo que su financiamiento era promovido por grandes corporaciones farmacéuticas y que esta situación se contrapone al principio ético al direccionar actividades con pacientes que responden a intereses mercantiles, antes que sanitarios.
IAPO recibió 3 millones 381 mil dólares de la industria farmacéutica solo entre los años 2011 y 2015. Entre sus principales aportantes figuran las estadounidenses Eli Lilly, que aportó 117 mil 486 dólares y Amgen, con 104 mil 194 dólares. Ambas empresas tiene una línea de productos de biotecnología y se han opuesto al ingreso de medicinas biosimilares en todos los mercados donde operan.
Esperantra, que funciona en el Perú, hace una agresiva campaña en contra de los medicamentos biosimilares y genéricos en el país, calificándolos como poco seguros y sin calidad, lo que contradice la lucha de otras organizaciones de pacientes, que no reciben financiamiento de los laboratorios, pero que luchan por el acceso universal de la salud.
El pasado 31 de mayo, Esperantra publicó un comunicado en contra de la declaratoria de interés público de Atazanavir, medicamento antirretroviral para el tratamiento de VIH y así impedir que se afecte el monopolio de uno de sus asociados, el laboratorio estadounidense Bristol Myers Squibb, que tiene la exclusividad de las ventas de atazanavir y lo vende con el nombre de Reyataz a un precio 28 veces más alto que en otros países de América Latina donde se utiliza el genérico. Como se sabe el atazanavir se comercializa en el Perú a 18.45 soles, mientras que su versión genérica en Bolivia cuesta 1.40 soles.
No es la primera vez que Esperantra se opone al ingreso de medicinas genéricas al Perú y, curiosamente, sus pronunciamientos han coincidido siempre con la posición de la industria farmacéutica. Una muestra son los avisos publicados en los años 2014 y 2016 para rechazar el uso de medicinas biosimilares en el país, como se conoce a los productos equivalentes a los costosos medicamentos biológicos o innovadores para el tratamiento del cáncer, el VIH, la diabetes y otras enfermedades crónicas. En ese caso, Esperantra repitió los argumentos de Alafarpe: que estas medicinas no tienen suficientes estudios que garanticen eficacia y que debe añadirse más regulación para garantizar su calidad.
En marzo del 2017, el investigador del Departamento de Ética Médica y Política de Salud de la Universidad de Pensilvania, Matthew McCoy, hizo públicos los hallazgos de un extenso estudio que hace evidente la necesidad de que las compañías farmacéuticas sean obligadas por ley a reportar los pagos que hacen a las organizaciones de pacientes, de la misma manera que ya lo hacen con los aportes a médicos y hospitales en Estados Unidos. Su investigación reveló que 86 de 104 asociaciones de pacientes de ese país reciben al año aportes que fluctúan entre 1 y 7 millones de dólares anuales de la industria farmacéutica.