Con resolución bajarían precio de fármacos para VIH; farmacéuticas cuestionan decisión.
Colombia.- A través de la Resolución 881 de 2023, el Ministerio de Salud colombiano ordenó «iniciar de oficio el procedimiento administrativo de declaratoria de existencia de razones de interés público para someter las patentes de los medicamentos cuyo principio activo es el dolutegravir a licencia obligatoria».
Esta acción inicia el procedimiento administrativo para evaluar la existencia de razones de interés público que justifiquen la emisión de una licencia obligatoria para los regímenes basados en dolutegravir (DTG). Según la resolución ministerial, el impacto de esta medida podría significar una reducción significativa de más del 80% en el precio del DTG.
El dolutegravir (DTG) es un antirretroviral inhibidor de la integrasa, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como opción de tratamiento de primera línea para las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En cuanto a la supresión viral y la reducción de la enfermedad, los tratamientos que incorporan regímenes basados en DTG han demostrado una mayor adherencia debido a su menor incidencia de acontecimientos adversos, al tiempo que presentan una mayor eficacia, seguridad y menor probabilidad de desarrollo de resistencias.
Las licencias obligatorias son una disposición del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («Acuerdo sobre los ADPIC») de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permite a los gobiernos suministrar a sus ciudadanos versiones genéricas de tratamientos patentados, ya sea a través de la producción nacional o de importaciones, garantizando que los precios de los medicamentos sean asequibles. La Declaración Interministerial de Doha de 2001 de la OMC reafirmó los derechos de los Estados miembros a hacer uso de todas las flexibilidades del acuerdo para proteger la salud pública, incluidas las licencias obligatorias, «y la libertad de determinar los motivos por los que se conceden dichas licencias». Más recientemente, en la Declaración Política de 2021 de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el SIDA, los países se han comprometido a hacer uso de las flexibilidades del ADPIC «específicamente orientadas a promover el acceso a los medicamentos.»
«Esta resolución es un paso adelante para brindar un acceso igualitario y sostenible a las mejores opciones de tratamiento del VIH para todas las personas que viven con el VIH en Colombia, tanto nacionales como migrantes. Esta acción muestra el compromiso del gobierno de cerrar la brecha de tratamiento con medicamentos esenciales de calidad garantizada, asequibles, fáciles de tomar y muy bien tolerados», dice Andrea Boccardi, Directora de UNAIDS para los Países Andinos (Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia). «El gobierno emitió directrices nacionales en 2021, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, pero hasta ahora los altos precios del DTG han sido un obstáculo para que sea ampliamente accesible a las personas que viven con el VIH en Colombia.»
La Liga Colombiana de Lucha contra el Sida y la Fundación IFARMA también celebraron la decisión del gobierno colombiano. Ambas instituciones participaron en representación de la sociedad civil en la actualización de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en evidencia científica para la atención de la infección por VIH/SIDA en adultos, mujeres embarazadas y adolescentes.
«La decisión valida iniciativas pasadas de la sociedad civil en Colombia para lograr una mayor cobertura de tratamientos simplificados con menos efectos adversos al menor precio posible, al tiempo que revigorizará los esfuerzos de las organizaciones comunitarias en educación y promoción de la adherencia a los ARV, reconociendo que las barreras estructurales son factores que facilitan o dificultan la adherencia a los tratamientos antirretrovirales», afirma Jorge Pacheco, Director de la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida.
«Con esta medida Colombia da un paso importante para garantizar el acceso de las personas a la medicación más adecuada para ellas en línea con las recomendaciones y compromisos internacionales», afirma Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. «El acceso oportuno a un tratamiento eficaz contra el VIH puede salvar vidas, mejorar los resultados sanitarios, mejorar la calidad de vida y contribuir al bienestar general de las personas que viven con el VIH. Esta medida muestra el compromiso con el esfuerzo mundial para combatir las desigualdades en el acceso a la salud.»
ONUSIDA elogia y apoya al Ministerio de Salud por su enfoque proactivo para perseguir el interés público e insta a todas las partes interesadas a colaborar en la aplicación de la Resolución 881 de 2023.
Fuentes: ONUSIDA / El País