Alegan que sufren actos discriminatorios de funcionarios públicos cuando van a instituciones.
Huancayo.- El cambio de nombre y de sexo en el documento nacional de identidad (DNI) sigue siendo una de las principales exigencias de la población de travestis, transgénero y transexuales (trans) peruanas, dijo Gabriela Mariño Llamoja, activista trans y presidenta de la agrupación Ángel Azul, que estuvo en Huancayo.
Mariño llegá a la Incontratable, para entrevistar a un grupo de compañeras trans, gracias a la articulación con Diversidad Wanka, para recoger sus opiniones sobre el tema. Además, les presentarán los resultados de una encuesta efectuada a 100 mujeres trans de Lima sur en plena pandemia por el COVID-19.
Entre las necesidades de esta población, resaltó que necesitan un DNI que sí las represente y les permita acceder a los servicios públicos y privados sin discriminación.
“Comenzamos en Huancayo e iremos a cuatro ciudades más en las próximas semanas (Trujillo, Pucallpa, Piura y Arequipa). Luego, sistematizaremos los resultados, pues lo que se requiere es impulsar estudios desde la sociedad civil ante la inacción del Estado”, sostuvo Gabriela Mariño.
En las encuesta que ya realizaron en Lima, el 48% opinó que una ley de identidad de género o un procedimiento administrativo para obtener un nuevo DNI serían necesarios para frenar la discriminación, cuyos principales perpetradores -señalan- son los efectivos de serenazgo (35%) y los policías (34%).
”Estamos hablando de trabajadores que pertenecen a un gobierno local o a un sector como el Ministerio del Interior. A ellos se suman los funcionarios del Reniec que se rehúsan a elaborar un procedimiento que nos permita contar con un DNI acorde a nuestra identidad de género”, agregó. Finalmente, mencionó que si accedieran a un trámite directo, no tendrían que costear abogados o esperar la decisión de un juez. En Huancayo también realizarán la encuesta, además de Arequipa, Trujillo, Pucallpa y Piura para conocer las opiniones de los transexuales.
Sobre los principales resultados hallados en la encuesta de Lima sur, la activista indicó lo siguiente: el 91% de las encuestadas manifestó que se sintió discriminada cuando fue llamada por su nombre legal (el que está en su DNI y el cual no refleja su identidad de género) en un centro de salud, comisaría, institución financiera u otra similar. Además, el 99% mencionó que iniciaría el trámite para cambio de nombre y de sexo en sus DNI si existiera una ley de identidad de género o un proceso administrativo, y si fuera gratuito.
Por otro lado, el 48% opinó que una ley de identidad de género o un procedimiento administrativo para obtener un nuevo DNI serían insuficientes para frenar la discriminación, cuyos principales perpetradores son los efectivos de serenazgo (35%) y los policías (34%), según la encuesta.
“Estamos hablando de trabajadores que pertenecen a un Gobierno local o a un sector como el Ministerio del Interior. A ellos se suman los funcionarios del Reniec que se rehúsan a elaborar un procedimiento que nos permita contar con un DNI acorde a nuestra identidad de género”, agregó Gabriela Mariño.
“Si lo hicieran, no tendríamos que costear abogados ni ponernos en manos de los jueces, que son finalmente quienes deciden o rechazan nuestras solicitudes por la vía judicial. De por sí, todo este proceso es una vejación y una muestra de que la igualdad ante la ley solo existe en el papel”, puntualizó.
La encuesta en Lima fue realizada, a fines del 2020, a 100 mujeres trans en los distritos limeños de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Chorrillos. La agrupación Ángel Azul ahora busca aplicar otros instrumentos de estudio y continuar con sus acciones de incidencia en favor del cambio de nombre y de sexo en los DNI.
Fuente: Infoandes