Usuarios del servicio de salud pública no tienen conocimiento de sus niveles de CD4 y carga viral ante saturación del sistema por casos de covid-19. A esto se suma el desabastecimiento de antirretrovirales o la entrega de los mismos… pero vencidos.
Escribe: Renato Arana Conde – Conexión Vida
Perú.- Alfredo no tiene ni idea si las pastillas antirretrovirales que ingiere le funcionan. Sospecha que no, pues, desde que le cambiaron de medicamentos por desabastecimiento en el Hospital Barranca Cajatambo, ha experimentado erupciones en la piel, aparición de bultos en las axilas, dolor estomacal y una permanente sensación de mareo. ¿Es eso normal? Lo ignora. Tampoco puede respondérselo un médico, pues, desde la llegada del covid-19 a territorio peruano, no recibe atención del área de infectología de ningún hospital donde ha buscado ayuda.
No se trata de un caso aislado. Al igual que Alex, un número considerable de personas con VIH que recibían atención en establecimientos del Minsa y EsSalud vienen llevando a ciegas, desde hace más de un año, su tratamiento para controlar el virus del VIH en sus organismos, pues no se cuenta con infectólogos disponibles. De enero hasta abril, el Grupo Impulsor de Vigilancia sobre abastecimiento de medicamentos Antirretrovirales (Givar) tiene 25 denuncias al respecto. La cifra total, por supuesto, es mayor.
“Mira, ahora no tenemos doctores, porque han sido enviados a otras áreas, pero la doctora te puede atender particularmente fuera del hospital, aunque tendrás que pagar 120 soles”, fue la respuesta que recibió Alfredo del personal del hospital de Barranca hace unos días, al acudir, preocupado, por las reacciones adversas tras el cambio forzoso de medicación. Con tres meses ya desempleado, desembolsar 120 soles en un particular lo coloca frente el dilema de confirmar si su salud corre riesgo o quedarse sin dinero para comer por varios días. Es optar entre dos formas de agonía. Prefiere creer –mejor dicho, ilusionarse– que los resultados positivos de su último examen de CD4 y carga viral, en noviembre de 2019 (hace 19 meses), aún tienen vigencia.
SI HAY POR QUÉ TEMER
La muerte es una consecuencia directa por falta de atención para condiciones crónicas de salud como el VIH. Si durante el 2020, en pleno apogeo de la peste del covid-19, era solo una sospecha apoyada en la lógica, ahora es una confirmación. El 31 de mayo último, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, reveló en conferencia de prensa (solo de refilón, pues la protagonista del evento era la vacuna covid-19) el incremento de muertes de personas que viven con VIH en el país. De acuerdo a información extraoficial, se trataría de un 15 % extra, respecto a otros años.
Ni siquiera les dan opción a teleconsulta, lamenta Nolberto, usuario con VIH en el hospital Alcides Carrión del Callao. Solo lo otorgan cuando se trata de casos muy delicados, es lo que oyó responder una trabajadora del hospital a otro usuario más incisivo. Desde la llegada de la pandemia, a lo mucho, le permiten acceder a hemogramas completos para lo cual no le ponen “peros”. La última vez que se animó a solicitar una prueba de CD4 y carga viral, recibió una respuesta negativa pues el hospital no contaba con reactivos claves para su realización.
Es la verdad. El 2 de mayo, en una sesión vía Zoom con activistas en VIH y la directora regional de Onusida, el viceministro de salud Gustavo Rosell tuvo que admitir el desabastecimiento de reactivos para exámenes de CD4 y no le quedó otra que comprometerse a agilizar el abasto “para reactivar nuevamente los sistemas de diagnóstico”.
Pero Nolberto tampoco puede sentirse a salvo siguiendo disciplinadamente su tratamiento. En febrero, recibió su dotación de medicamentos para tres meses, como dicta la normativa en casos de VIH, pero resultó que solo le quedaban un mes para caducar. Durante marzo y abril no tuvo más opción que ingerir estas pastillas vencidas y es como pilotear sin instrumentos de navegación. “No sé si estoy bien o mal, debo suponer que estoy bien porque tomo los medicamentos”, dice encogiéndose de hombros.
A Estela (madre de un usuario con VIH, privado de sus facultades mentales) le entregaron medicamentos caducados desde febrero para su hijo y, contra su reclamo, respondieron que ‘los tome así nomás’. Nadie en su sano juicio comería un jamón vencido desde hace dos meses, menos una pastilla cuyos efectos repercuten a nivel molecular. Usted puede dejar de comer embutidos; otros no pueden perder ninguna oportunidad de prolongar su existencia.
El 28 de mayo le dijeron que no había medicamentos para su hijo. “Es la tercera vez que le cambian de esquema y eso una vez lo afectó y lo volvió loco”, recuerda Estela. Entre febrero y marzo de 2002, su hijo estuvo internado en el hospital Carrión por un tumor en el pecho, pero con la llegada del coronavirus al país, cuenta Estela, los médicos le dieron de alta inesperadamente para dejar una cama libre, sin más opción que abandonar el hospital en pijama.
“Su último chequeo de carga viral y CD4 fue en 2019, meses antes que lo internen. Hasta ahora solo me han dado una orden para examen de sangre para el 20 de agosto, pero de los de carga viral y CD4 no dan explicación. Y su estado de salud mental también ha empeorado porque desde febrero no lo ve un psiquiatra. Se le mandó, en ese entonces, una pastilla de sertralina pero no le hace efecto”, describe Estela, quien a sus 69 años le cuesta contener los accesos de furia en los que cae su hijo de 47 años durante sus crisis.
Sandra Flores es médico general y sabe de primera mano las repercusiones que tiene la falta de atención en infectología en los establecimientos de salud pública desde la pandemia. Labora como médico jefe del servicio de medicina de la ONG Sí, da Vida, la cual brinda ayuda social a personas con VIH.
“En el 2019 se otorgaron 89 consultas a personas con VIH, mientras que en 2020 la cifras de consultas por infectología se incrementaron a 140”, describe Flores y resalta el caso de un usuario de 35 años de edad que, producto del cambio de esquema en su tratamiento (por no tener acceso a una cita con el infectólogo), sufrió una sobredosis de lamivudina y efavirenz, pues no tuvo orientación ni la mínima información a este nueva terapia.
“Este año, de febrero a junio se ha atendido a 72 nuevos usuarios del consultorio médico, de los cuales 58 fueron personas que viven con VIH y acudieron aquí (Sí, da Vida) para saber sus niveles de CD4 y carga viral”, detalla la médico general.
El gasto de bolsillo de las personas con VIH se ha incrementado. Las personas deben recurrir a consultas privadas para atenderse. Si se supone que la persona debe pasar entre 1 consulta al mes, podríamos calcular que se gasta más de 1,000 soles al año en honorarios médicos ( si el valor fuera de 100 soles). De continuar con las mismas falencias, tendremos más casos de personas con VIH con problemas de salud en emergencias que años anteriores.
