Frente a la situación de polarización e incertidumbre que vive el país, y estando aún a la espera de los resultados definitivos de las elecciones generales de segunda vuelta, la Defensoría del Pueblo reitera a la ciudadanía, las organizaciones políticas y las entidades del sistema electoral, lo siguiente:
- Subrayamos nuestra confianza en las instituciones del sistema electoral, únicas instancias en las que se cuentan los votos y se resuelven las impugnaciones, observaciones y solicitudes de nulidad. Culminado el acto de sufragio del 6 de junio pasado, nuestra institución señaló que debían aguardarse con serenidad las decisiones de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional de Elecciones[1], cuyos procedimientos legales apegados a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, garantizan la administración de justicia electoral en última y definitiva instancia. Resoluciones que deberán expresar la máxima motivación jurídica posible sobre los aspectos que resulten controvertidos.
- La Defensoría del Pueblo ha rechazado, en su oportunidad, los actos de hostilización que vienen sufriendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales[2]. El derecho a la protesta debe ejercerse en armonía con otros derechos; y, en ningún caso, este es compatible con actos de perturbación de la tranquilidad en los domicilios. Hemos hecho un llamado a la intervención del Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú y venimos supervisando el cumplimiento de sus funciones.
- Del mismo modo hemos condenado la peligrosa campaña de persecución desplegada en las redes sociales en contra de ciudadanas y ciudadanos[3]. Los mensajes de odio difundidos y la incitación a la violencia ponen en riesgo su integridad y su vida por lo que corresponde otorgarles las garantías previstas en la ley. El uso de calificativos que atentan contra el honor personal no está cubierto por el derecho a la libertad de expresión.
- Afirmamos de manera categórica que, durante la supervisión electoral realizada por nuestra institución, a lo largo del proceso electoral no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular. El concepto jurídico de “fraude” está referido a hechos presuntamente ocurridos en las mesas de votación y cuya dilucidación está, como lo hemos señalado, en manos de la autoridad electoral.
- Finalmente, rechazamos todo discurso o acto que suponga el desconocimiento de los resultados electorales que habrá de anunciar oficial y oportunamente la autoridad electoral; y de cualquier intento de afectar el orden constitucional. La democracia es un valor muy preciado y es nuestro deber defenderla en todo momento y circunstancia. La sucesión democrática del poder debe darse dentro de los procedimientos legales y constitucionales previstos.
La Defensoría del Pueblo invoca a ambas candidaturas, dirigentes, militantes y simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular a guardar la calma y evitar actos de provocación o de violencia.
[1]https://www.defensoria.gob.pe/elecciones-2021-toda-denuncia-debe-seguir-los-procedimientos-legales/
[2]https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1404546303481241601
[3]https://twitter.com/defensoria_peru/status/1404158569059074053?s=24