Desde hace meses Chile, Brasil y Argentina ya incluyen a la población que vive con VIH dentro de sus grupos prioritarios para inmunizarse contra el coronavirus, pero aquí aún llevamos retraso por alinearnos férreamente a mandatos de la OMS, advierte experto.
Escribe: Renato Arana Conde – Conexión Vida
Lima, Perú.- A inicios de febrero, el Ministerio de Salud dio marcha atrás en su intento por excluir a las personas con VIH del plan nacional de vacunación para Covid-19 (a través de la resolución ministerial N° 195-2021/MINSA), tras el reclamo de los colectivos defensores de las 87 mil personas que viven con esta condición crónica. Lo cierto es que -cuando se esperaba que el Ministerio se pusiera manos a la obra tras esta rectificación- hasta ahora no hay atisbo de posibilidad de acceso a la vacuna covid-19, a pesar de que a la gente con VIH se le considera población vulnerable.
Lo cuestionable también es que, mientras aquí se les sigue negando su derecho a la salud en otros países de la región ocurre lo contrario.
“Lo que ocurre es que, por ejemplo, existe evidencia de que una persona con diabetes tiene 20% más de probabilidades de desarrollar síntomas graves de covid-19, respecto a una persona sin comorbilidades. En el caso del VIH, aún no se ha cuantificado ese riesgo. Y esa es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud no ha sido enfática en ese aspecto (el considerar prioritaria a la población con VIH)”, explica el infectólogo y especialista en salud pública, Hugo Manrique, a Conexión Vida.
Sin embargo, en Chile, por ejemplo, desde inicios de febrero las personas con VIH pueden ser inmunizadas contra el covid-19; aunque, en un principio estaban obligadas a presentar un certificado que acrediten que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Un requisito que los activistas chilenos denunciaron por violar su derecho a la confidencialidad.
Un mes después, exactamente el 5 de marzo, el ministro de Salud del país sureño Enrique Paris tuvo que corregirse y afirmó que no existe necesidad de presentar ninguna documentación médica para inocularse la vacuna (Sinovac), de acuerdo a su ley de deberes y derechos de los pacientes. “Basta que diga que tiene una enfermedad crónica y con eso es suficiente”, tuvo que decir el ministro chileno.
Aunque hay que admitir que, con defectos y todo, Chile nos lleva ya la delantera por dos meses.
“Resulta que Chile cuenta con grupos académicos y científicos que no siempre coinciden con los mandamientos de la Organización Mundial de la Salud”, comenta el infectólogo.
Se puede afirmar como cuestionables a las acciones de Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil, pero lo que no se puede negar es que su gobierno ya contempla, desde fin de marzo, como población vulnerable a las personas con VIH (entre 18 y 59 años) con el subsecuente derecho a vacunarse contra el Covid-19.
Los brasileros, con 60 años de edad o más, con el virus ya están contempladas en la priorización por franja de edad, fase previa a la vacunación de los grupos de riesgo. Su ministerio de Salud, en un comunicado, reconoce que incluyéndolos en el programa de vacunación “será posible reducir el impacto de la pandemia en este grupo, especialmente respecto al riesgo de hospitalización y fallecimiento, y respetar el concepto de equidad del Sistema Único de Salud.”
En Argentina, donde ya se han inmunizado a 4 millones 771 mil 214 seres humanos, su ministerio de Salud se ha visto obligado, a fines de marzo, a cambiar su plan de vacunación que arrancó en diciembre del año pasado. Entre las modificaciones, se indica que las personas con VIH (entre 18 y 59 años) se hallan dentro del grupo priorizado por el gobierno argentino para recibir la preciada vacuna, independientemente del recuento de los niveles de células CD4 y los niveles de carga viral.
Mientras tanto, “es preocupante que en Perú esta población no esté aún incluida en el programa de vacunación”, lamenta Víctor Sotelo, director de Sí da Vida, organización nacional que vela por los derechos de la población con VIH, “pues la situación los vuelve más vulnerables” . La reprogramación o ausencia de citas para infectología durante el 2020, sumado al constante desabastecimiento de antirretrovirales en las farmacias de hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud dio como resultado el abandono del tratamiento para VIH, afectando las defensas inmunitarias de los usuarios: presas fáciles para el coronavirus.
“Por eso es importante que el Estado entienda que las personas con VIH en el Perú deben estar en el grupo de vacunación. Las organizaciones civiles vamos a hacer lo mejor posible para presionar al Estado para que cumpla con ellos, tal cómo se da en otros países; pues, de no tomar acciones, se podría generar un desbalance muy grande dentro del sistema de salud, aparte del covid-19”, advierte Sotelo.
