Sociedad civil de Lima Norte exige reconocimiento legal de ollas comunes

Más de veinte organizaciones alertan a la PCM sobre falta de sostenibilidad de iniciativa ciudadana para alimentar a las poblaciones vulnerables en plena pandemia.

Lima, Perú.- Más de veinte organizaciones de la sociedad civil y religiosas, que conforman la Red de Sociedad Civil de Lima Norte, enviaron a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, así como a los congresistas y alcaldes un pronunciamiento público, en el que exigen el reconocimiento legal y asignación presupuestal para las ollas comunes formadas durante la pandemia por Covid-19.

“Estamos por el día 330 de declarada la emergencia sanitaria y las ollas comunes han servido para alimentar a miles de personas sin recursos, evitando que surjan nuevas pandemias por la desnutrición; sin embargo, aún no se tiene reconocimiento legal que permita la sostenibilidad de las ollas comunes mientras dure la emergencia sanitaria”, declaró Alicio Domínguez, coordinador de la Red de Sociedad Civil de Lima Norte.

En el pronunciamiento se solicita que se genere un registro sencillo y simplificado de las organizaciones de ollas comunes, con el fin de garantizar las medidas de prevención y bioseguridad para las personas que manipulan los alimentos, asimismo el acceso a agua potable y combustible a gas.

“Lima Metropolitana requiere de un registro único y actualizado que genere las políticas públicas da apoyo, seguimiento y sostenibilidad de las ollas comunes, ya que en la actualidad se desconoce cuántas funcionan en Lima Norte ni quieres las abastecen de insumos.

Las organizaciones también piden que el Gobierno designe a una institución que supervise el apoyo y el buen uso de los recursos destinado a las gestoras de las ollas comunes, teniendo en consideración a las poblaciones más vulnerables (adultos mayores, personas con TB, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, personas migrantes, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes).

Finalmente, reconocieron la gestión del municipio de Puente Piedra que promulgó la ordenanza 389 que reconoce legaliza la constitución de las ollas comunes en su jurisdicción; no obstante, es una medida insuficiente para la situación que afrontan muchos otras regiones y distritos del país.

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