Inspección de la Contraloría reveló malversación en el mismo establecimiento del Minsa donde han muerto 30 bebés prematuros por falta de incubadoras, en lo que va del año.
Escribe: Renato Arana Conde – Conexión Vida
Lima, Perú.- En disputa se hallan el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, y la ministra de Salud, Zulema Tomas, sobre si existen problemas de presupuesto en esta región; a raíz de la muerte de 30 bebés prematuros, solo en lo que va del año, por falta de incubadoras en el Hospital Regional de Lambayeque.
Sin embargo, pese a que no existe un rubro específico para la compra de estos equipos médicos, lo cierto es que en el hospital regional sí existe un programa para salud materno neonatal de los cuales, su personal administrativo malgastó más de 233 mil soles para la adquisición de canastas navideñas en diciembre último, de acuerdo a una inspección de la Contraloría General de la República.
El informe, publicado el 16 de agosto, señala que de esa cifra se malversó 99 mil 17 soles, destinados a atenciones de parto normal; mientras que los restantes 133 mil 084 soles nunca se invirtieron en acciones para el acceso a métodos de planificación familiar.
No solo las madres gestantes y sus bebés terminaron perjudicados en ese hospital regional. Otros programas como los de VIH/SIDA, Tuberculosis y prevención y control de cáncer también sufrieron mermas en su presupuesto por el mal manejo administrativo, al punto que la malversación ascendió a 1 millón 52 mil 880 soles.
Se halló presuntas responsabilidades en tres funcionarios. Uno es la jefa de Presupuesto, Carla Cecilia Chafloque Farfán, quien aprobó la certificación del crédito presupuestal, lo que perjudicó el cumplimiento de las metas de los programas presupuestales y las acciones centrales.
Otra implicada es Carolina Ramos Delgado al otorgar la certificación de disponibilidad presupuestal mayor a un millón de soles, lo que dio inicio al procedimiento de selección. Mientras Consuelo Perales Mesta, jefa de la Oficina de Administración, suscribió la orden de compra de las tarjetas electrónicas.
Este gasto irregular vulnera la Ley N° 30693 de Presupuesto del Sector Público, del 7 de diciembre de 2018, en cuanto a la prohibición de beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento.