Washington, Estados Unidos – El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Los gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del Presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, incluyendo la búsqueda de alternativas para obtener mayor asistencia internacional.
El informe de 82 páginas, “Crisis humanitaria en Venezuela: La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos”, documenta que la escasez ha generado enormes dificultades para que muchos venezolanos puedan obtener atención médica esencial o cubrir las necesidades básicas de su familia. El gobierno venezolano le ha restado importancia a la gravedad de la crisis. Aunque sus propias acciones para reducir la escasez no han tenido resultados satisfactorios, ha realizado gestiones limitadas para conseguir ayuda humanitaria internacional que podría estar disponible inmediatamente. A su vez, ha intimidado y castigado a críticos, incluidos profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y ciudadanos de a pie que cuestionaron el desabastecimiento.
“El gobierno venezolano se ha esmerado más en negar que existe una crisis humanitaria, que en trabajar para resolverla”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Su inacción ha contribuido al sufrimiento de muchísimos venezolanos, para quienes es muy difícil obtener acceso a atención de salud básica y a una nutrición adecuada”.
El gobierno venezolano ha negado enfáticamente que la situación de escasez tenga las proporciones de una crisis. En aquellas ocasiones en que las autoridades admitieron que existe escasez, han sostenido que se debe a una “guerra económica” librada por la oposición política, el sector privado y gobiernos extranjeros. El gobierno no ha aportado evidencias para sustentar estos señalamientos.
Human Rights Watch entrevistó a más de 100 personas sobre la situación humanitaria en junio de 2016 en Caracas, la capital del país, y en seis estados —Aragua, Carabobo, Lara, Táchira, Trujillo y Zulia— y realizó entrevistas de seguimiento por teléfono y otros medios. Los representantes de Human Rights Watch visitaron ocho hospitales públicos, un centro de salud en la frontera con Colombia y una fundación que brinda atención de salud. Human Rights Watch entrevistó a personas que hacían colas en varios lugares para intentar comprar productos sujetos a control de precios, así como a proveedores de la salud, personas que procuraban recibir atención médica, personas que habían sido detenidas en relación con protestas por el desabastecimiento, defensores de derechos humanos y expertos en salud pública.
