Los Estados deben garantizar el derecho a la salud, el acceso de calidad y oportunidad de los medicamentos, como un aspecto fundamental para salvaguardar la vida de las y los ciudadanos
Escribe: Marlon Castillo
La salud es un derecho humano fundamental que tiene una relación directa con el derecho a la vida y el bienestar pleno o el buen vivir de cualquier persona.
Los medicamentos, que sirven para garantizar la prolongación de la vida, tratar o curar dolencias, forma parte de este derecho. Comprar una pastilla, ampolla o jarabe, no significa adquirir un producto de lujo, o un bien del que podamos prescindir. Todo lo contrario, los fármacos pueden significar la vida o la muerte para alguna persona con situaciones graves de salud o condiciones crónicas.
Entonces, si el acceso a medicamento de calidad y oportuno, es un derecho humano, debería estar al alcance de todos y todas, indistintamente del nivel socioeconómico que tengamos, nacionalidad, edad, orientación sexual y al fin de cuentas, sin alguna discriminación que podamos encontrar.
Tener una visión amplia de igualdad e inclusión social, podrá llevarnos a comprender el acceso a medicamentos como un derecho. Precisamente en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948, se detalla que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”.
La importancia del acceso a medicamentos, también se visibiliza por la corriente mercantilista de las grandes compañías farmacéuticas, que han cambiado el valor social de la medicina por aquel producto suntuoso que convierte a la salud en un negocio y a los pacientes o usuarios de los servicios en mercancías.
Mientras que los acuerdos comerciales multilaterales, también frenan el acceso a medicamentos, al otorgar mayores derechos de propiedad intelectual, que buscan generar monopolios y grandes ganancias a las compañías de medicamentos, como el que ahora debate el Congreso de la República el Acuerdo de Asociación Comercial Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés).
Los Estados deben garantizar el derecho a la salud, el acceso de calidad y oportuno de los medicamentos, como un aspecto fundamental para salvaguardar la vida de las y los ciudadanos, planteando políticas de universalidad de la salud e inclusión social, de lo contrario, estarían violando la vida que la misma constitución peruana, protege, sobre- todas las cosas.
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