Lima, Perú .- Tras 5 años y medio de espera para su elección, este martes el pleno del Congreso eligió a Walter Gutiérrez Camacho como nuevo defensor del Pueblo, en reemplazo de Eduardo Vega quien desempeñaba ese cargo en forma interina desde el año 2011.
Su candidatura fue propuesta por el partido político Acción Popular y luego respaldada por el Apra y Fuerza Popular. En tanto el partido oficialista Peruanos Por el Kambio (18 congresistas), al parecer se decidió a ultima hora a votar por Gutiérrez
Un total de 127 parlamentarios acudieron a la elección, donde el nuevo Defensor del Pueblo logró obtener 94 votos de parte de Fuerza Popular, Acción Popular, Apra y Peruanos por el Kambio. Sin embargo 27 legisladores votaron en contra (Frente Amplio y Alianza para el Progreso) y 6 se abstuvieron (entre ellos Alberto de Belaunde, Guido Lombardi, Gino Costa y Roberto Vieira de Peruanos por el Kambio). 
Gutiérrez Camacho es abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres y fue decano del Colegio de Abogados de Lima entre 2008 y 2009.
Además se desempeñó como presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones , durante los comicios del 2014 y las del 2016.
Labor del defensor
La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
La Defensoría atiende -en todo el país- quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos.
La Defensoría del Pueblo es, pues, un colaborador crítico del Estado que actúa, con autonomía, respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad, profesionalismo y responsabilidad, nunca por oposición arbitraria o injustificada frente al Estado.
En razón de su legitimidad, resulta vital que los ciudadanos y ciudadanas perciban y sientan a la Defensoría del Pueblo como una institución no solo cercana, sino entrañablemente comprometida con la solución de sus problemas.
Escribe: Marlon Castillo / Conexión Vida
