Las Naciones Unidas explicaron que la maternidad forzada derivada de una violación sexual en niñas y adolescentes no es voluntaria, no es segura, y atenta contra la salud integral.
Lima, Perú.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ONUSIDA, ONU Mujeres, UNFPA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresan su profunda preocupación por un nuevo caso de vulneración a los derechos de una niña de 11 años, bajo el pseudónimo de Mila, quien desde los siete años ha sido violentada sexualmente por su padrastro y que a la fecha tiene 17 semanas de gestación.
La Unidad de Protección Especial de Loreto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó al Hospital Regional de Loreto el acceso de la niña al procedimiento de aborto terapéutico, pero la solicitud ha sido negada por una junta médica.
Por su parte la ONG Promsex indicó que en representación de la madre de la menor, acompaña su exigencia a que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger y garantizar el acceso a la justicia y la protección de su salud y su vida de la niña mediante la aplicación del aborto terapéutico.
Para Susana Chávez, directora de Promsex, se necesita actuar de inmediato para evitar mayores daños en la salud mental y física de la niña. “Es de vital importancia que se pueda garantizar el acceso al aborto terapéutico para Mila, por parte del Hospital Regional de Loreto; y la UPE de Loreto facilite toda la documentación necesaria para dicho procedimiento, y asegurar inmediatamente para Mila un entorno seguro y pues todo hace suponer, que en este momento la UPE, ya no es un lugar adecuado, así que inmediatamente resuelto el problema del embarazo, la niña debería volver con su familia, que si está dispuesta a apoyarla y desde ese entorno, el Estado debe asegurar su inmediata protección integral, pues hay demasiado daño de por medio”, comentó.
Asímismo los organismos internacionales han pedido al gobierno garantizar el derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y a la vida de la niña.
«Instamos a las autoridades correspondientes reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho —con procedimientos seguros y pertinentes a su edad— y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico», se lee en el comunicado.
CRONOLOGÍA
El 20 de julio la Unidad de Protección Especial (UPE), por presión de Promsex, solicitó la atención de Mila en el Hospital Regional de Loreto y recién, el 04 de agosto, el establecimiento notificó la denegación del aborto terapéutico.
Para Promsex, fue una decisión arbitraria, pues no consideró la condición de muy alto riesgo del embarazo en una niña tan pequeña, ni tomo en consideración el aborto, como medida preventiva para evitar el daño grave y permanente e incluso la pérdida de la vida, tal como lo señalan las evidencias científicas y de salud pública.
Isbelia Ruiz, coordinadora de Litigio estratégico en Promsex enfatiza que “es importante garantizar el derecho a una correcta administración de justicia para la niña y su madre».
En la actualidad el Estado viene incumpliendo, ya que sigue sometiendo a muchas niñas como Mila a continuar con un embarazo que pone en serio riesgo sus vidas y daña gravemente su salud, indicó Ruiz.
