Escribe Diego Quispe / Conexión Vida
Lima – Perú.- Las fuerzas políticas aliadas del régimen de Dina Boluarte luego de haber logrado copar la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) ahora han puesto la mira en la Defensoría del Pueblo.
Esta institución es clave cuando se trata de sustentar y mostrar evidencias de la represión que hubo en el gobierno de Boluarte en la ola de asesinatos que hubo en regiones, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar para exigir nuevas elecciones generales, tras la caída del expresidente Pedro Castillo, quien fracasó en su intento de golpe de Estado.
La elección del defensor del Pueblo, en principio, no había alcanzado los estándares de transparencia que amerita un concurso público en el Congreso. El Sindicato de la Defensoría había interpuesto una acción judicial contra el Parlamento para frenar este proceso. El Poder Judicial les dio la razón.
Pero las fuerzas de derecha que dominan el Congreso recurrieron al nuevo Tribunal Constitucional (TC) que ellos eligieron. El TC terminó dándoles la razón y los eximió de control judicial. Los congresistas retomaron el proceso de elección.
Para ello, bancada partido político recomendó a sus favoritos. Esto desnaturaliza el concepto de concurso público y la mal transforma a una elección prácticamente a dedo, donde no prevalece los méritos, los antecedentes y los pergaminos de los aspirantes, sino el número de votos que pueda conseguir cada bloque para elegir al que se acomode a sus intereses.
El exmagistrado del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Gastón Soto, fue promovido por el partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP). El abogado Jorge Rioja por Acción Popular. El jurista Miguel Soria por Renovación Popular, agrupación de Rafael López Aliaga. El asesor parlamentario y exabogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, por Perú Libre. El juez Pedro Cartolín por Podemos Perú, organización de José Luna Gálvez. Por último, la exministra de Justicia del gobierno de Manuel Merino, Delia Muñoz, por Fuerza Popular, la bancada de Keiko Fujimori.
En marzo, cinco candidatos – Soto, Rioja, Soria, Gutiérrez y Muñoz – estuvieron en tela de juicio porque cinco ciudadanos exigieron que sean tachados por su presunta falta de idoneidad para postular. La Comisión Especial a cargo de la elección de candidatos aptos declaró improcedentes todas las demandas.
La Comisión Especial continuó con el periodo de entrevistas. Ahí quedó en evidencia, por las preguntas formuladas, de los intereses que tiene bancada bancada. Pero la más notoria fue en Renovación Popular. El representante de esta agrupación en la comisión, Alejandro Muñante, se enfocó a interrogar a los postulantes sobre tres temas: el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el control judicial sobre el Congreso y el enfoque de género.
Renovación Popular, recordemos, es una organización política de derecha ultraconservadora. Su interés en tener un defensor del Pueblo es en que asuma este importante cargo alguien que esté alineado con la línea política reaccionaria. Junto con el fujimorismo, ambas fuerzas políticas consideran que Perú debe retirarse de la CIDH.
Muñante consiguió que un candidato opine en coro al interés de su partido. Jorge Rioja, aspirante de Acción Popular, respondió que en estos últimos años el país se ha visto sometido, a lo que él considera, una dictadura de la CIDH y que, por encima de lo que disponga esta corte, está la constitución.
El viernes 14 de abril, la Defensoría del Pueblo protestó porque el Congreso aprobó una ley que reconoce los derechos del concebido, una norma que es un retroceso ante los casos de aborto por violación sexual o aborto terapéutico. Por eso esta institución exigió al Ejecutivo observar el dictamen.
Muñante, debido a ello, atacó a la defensora Eliana Revollar. “Necesitamos un nuevo Defensor que defienda, sin excepción, a todos los peruanos desde la concepción y no un lobby internacional”, tuiteó el también vicepresidente de la Mesa Directiva.
Pero hay otros aspectos en juego. Primero, la Defensoría del Pueblo tendrá un papel determinante en las investigaciones que se viene realizado al régimen de Boluarte los asesinatos en regiones. En el Congreso, los partidos de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga han protegido a la presidenta – hace poco la salvaron de la admisión de una moción de vacancia.
Segundo, el defensor del Pueblo es también el presidente de la Comisión Especial que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que se encarga de destituir a jueces y fiscales. La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, está investigada en la JNJ por su tesis desaparecida.
Tercero, el defensor es también quien informa la situación de los conflictos sociales, entre ellos medio ambientales en regiones, algunos de ellos vinculados a la contaminación minera.
De modo que existen muchos intereses en que los aliados de derecha de este gobierno copen la Defensoría del Pueblo. La precariedad de nuestros partidos políticos y de nuestra democracia se ve reflejada en este tipo de maniobras, donde la meritocracia no importa, sino la fuerza de los votos que pueda haber en el Congreso al momento de elegir a altos funcionarios del Estado.
