Defensores y defensoras de los derechos humanos del pueblo Awajún, de la provincia de Condorcanqui y el distrito de Imaza (provincia de Bagua) de la región Amazonas al nororiente de nuestro país, emitieron un Pronunciamiento el último 4 de marzo, para hacer un llamado de atención de emergencia a la población en general y a las autoridades del Estado, debido a un alarmante aumento de casos de ciudadanos indígenas afectados por el VIH/Sida en esta región.
Los miembros del Consejo Permanente del Pueblo Awajún (CPPA) Elmer Ujukam, Antuash Chigkim, Rufino Trigoso, junto con la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis Umukai Yawi (COMUAWAY) Rosemary Pioc, el presidente del Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH) Romer Orrego, y las defensoras de derechos humanos Georgina Rivera y Elva Yagkikat, se manifestaron a través del Pronunciamiento público para alertar sobre el duro golpe que el VIH-Sida viene teniendo sobre la población indígena, particularmente jóvenes.
Los líderes y lideresas señalan que, según la Red de Salud Condorcanqui, en la provincia hay más de 450 casos de personas viviendo con VIH y en el distrito de Imaza el número de personas sería similarmente preocupante. Además, aseguraron que también hay un alto número de ciudadanos awajún que padecen de la infeción, pero que no se encuentran registrados en ningún centro de salud debido a barreras culturales que impiden una correcta comprensión del peligro que esta infección representa para la salud.
Los que suscriben el documento también indican que el número de personas que fallecen por VIH-Sida se viene incrementando en los últimos años, siendo la mayoría jóvenes que no siguen un tratamiento adecuado.
Además, los defensores y defensoras reconocen que el VIH es una enfermedad que los enfrenta con su cultura, ya que los obliga a evaluar cómo se concebían ancestralmente, y cómo se deben concebir ahora. Similarmente, alertan que gran parte del pueblo awajún considera que el VIH está relacionado a poderes mágicos derivados de la brujería, ante lo cual los signatarios manifiestan, enérgicamente, que esto es falso. Además, reconocen la importancia de sus plantas medicinales, pero alertan que esta infección es una enfermedad nueva que no saben cómo tratar efectivamente.
Por otro lado, los líderes y lideresas alertan que las autoridades correspondientes no ejecutan una estrategia adecuada para controlar la incidencia del VIH-Sida en el territorio indígena.
Finalmente, los defensores y defensoras awajún alertan que la situación del VIH en su pueblo se ve agravada por una alta incidencia de casos de violencia sexual que sufren los niños, niñas y adolescentes, siendo perjudicados de por vida.
Los firmantes de este pronunciamiento demandan a la Red de Salud Condorcanqui, a la Microred Imaza, y a las UGEL de Condorcanqui e Imaza, implementar estrategias efectivas, con enfoque intercultural, para controlar la expansión de la infección en el territorio indígena. Además, demandan a las instituciones públicas y privadas que trabajan a favor de los DDHH de la población indígena, que inviertan en programas de sensibilización, con recursos visuales y radiofónicos, con enfoque intercultural, para controlar la expansión del VIH-Sida.
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Luego de la emisión del referido Pronunciamiento, el presidente del CPPA se reunió con los directores de las Redes de Salud de Bagua y Condorcanqui, con la congresista de Amazonas Mery Infantes y con el Pamuk del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) Gil Inoach, tras lo cual se ha llegado a un consenso para organizar una reunión interinstitucional, para preparar un Plan de Acción que comprometa tanto a autoridades del Estado como a autoridades indígenas, en medidas para controlar la expansión del VIH. Dicha reunión se llevaría a cabo en abril.
Por su parte, los demás signatarios se vienen reuniendo con los directores de la UGEL Condorcanqui e Imaza, además de otras autoridades indígenas, para comprometerlos para armar un plan de acción para controlar la infección y unirse en esta lucha urgente a favor de la salud de los ciudadanos awajún.
Los defensores y defensoras indígenas realizan estas acciones de incidencia y articulación gracias al apoyo del Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE), mediante un proyecto financiado por la Unión Europea, como parte del compromiso que este organismo internacional tiene con los derechos humanos y las democracias en el mundo.
