Mafias de cobros de cupos y transfóbicos acabaron con la vida de mujeres trans, la mayoría dedicada al trabajo sexual por la exclusión y desigualdad en la que viven.
Escribe: Marlon Castillo – Conexión Vida
Lima, Perú.- Al menos siete (7) mujeres trans, fueron cruelmente asesinadas en manos de mafias ligadas a la trata de personas y transfóbicos, quienes acabaron con la vida de dichas mujeres a balazos, cuchillazos o quemándolas vivas.
La crueldad de los homicidios no deja duda que se trata de crímenes de odio o violencia motivada por prejuicios. Lamentablemente este tipo de asesinatos no tiene legislación para incrementar la sanción penal contra los autores.
Un grupo de activistas trans, protestaron en las afueras de la comisaría de Alfonso Ugarte, así como de Palacio de Justicia, exigiendo investigación de los homicidios y mayor seguridad para acabar con las mafias que acaban con sus vidas.
La ola de sangre y amenazas se inició a finales del mes de enero en regiones La Libertad y Arequipa. Ahora los escenarios de los atentados son Lima y Callao.
Erika Quintana Ávalos tenía apenas 20 años y según la policía había sido torturada antes de ser asesinada. Su cuerpo fue hallado en el centro poblado de Las Delicias, distrito de Moche (Trujillo), dentro de un auto que había sido incendiado.
Apenas unos días después del homicidio de Erika, Arequipa fue escenario de otro crimen de odio. La joven trans, Ale Castillo Limache, fue encontrada asesinada en un hostal en Camaná. La última vez que se le vio fue cuando salía de la discoteca Starplus, el 24 de enero su cadáver fue encontrado por peritos de la policía.
El pasado 11 de febrero, fue acribillada con 4 disparos, Priscila Aguado, mujer trans de aproximadamente 30 años. La mujer falleció entre los límites de Chorrillos y San Juan de Miraflores en Lima, pretendiendo pedir ayuda en la madrugada murió cerca a la pista.
La madrugada del 14 de febrero a Ruby Ferrer (30) le dispararon unas 15 balas, pero 9 le impactaron en el cuerpo, grabando el asesinato en video para amenazar a sus demás compañeras que se dedican al trabajo sexual en el Jr. Zepita del Centro de Lima para que abandonen la zona de comercio sexual para tener el control del lugar con trabajadoras extranjeras.
Ruby, natural de Tarapoto fue secuestrada y llevada desde el Cercado de Lima a la avenida Santo Domingo, Asociación Las Dalias, en el distrito de Carabayllo. “Para que tú sepas, ¿oíste? Te vas… de esa… plaza”, se le oye decir a quien con una mano graba el hecho y con la otra dispara.
Hoy, por redes sociales, la Organización por los Derechos Humanos de las personas Trans reportó el video de un asesinato de una mujer trans natural de Bagua llamada Cataleya y la desaparición de su amiga. Ambas se dedicarían al trabajo sexual.
Otros asesinatos reportados en febrero se ubican en los distritos de Puente Piedra y San Martín de Porres en Lima.
Expresión extrema de violencia
El representante del Observatorio de Derechos LGTB de la Universidad Privada Cayetano Heredia, Alfonso Silva-Santisteban indicó a Conexión Vida que el trasfondo de los asesinatos tiene que ver con “el crimen organizado en torno al trabajo sexual”.
El experto detalló que todo ello “está ligado a la discriminación y exclusión, y el no reconocimiento de la identidad de género”, calificando los actos como “una expresión extrema de la violencia cotidiana que sufren las mujeres trans” en el Perú.
Ley contra los crímenes de odio
La congresista Susel Paredes presentó el proyecto de ley que busca modificar los artículos N° 46, 108, 121 y 122 del Código Penal (circunstancias de atenuación, homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves respectivamente) a fin de dar un marco legal adecuado respecto de los delitos motivados por el odio.
El proyecto de ley expone que este tipo de delitos se encuentran directamente relacionados al odio, el prejuicio, la discriminación y la intolerancia, ya sea por motivos de raza, etnia, religión, postura política, identidad, expresión de género y orientación sexual.
En ese sentido, la propuesta propone sancionar con una pena privativa de la libertad no menos a 15 años por homicidio calificado. Si se cometen lesiones graves, la pena es no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes, se aplica pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años.
Igualdad de género
La Defensoría del Pueblo a través del Informe Defensorial N.º 175, Derechos Humanos de las personas LGBTI ha evidenciado la necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú, la institución precisó que la falta de políticas públicas con enfoques diferenciales y la impunidad de las denuncias ante los actos de violencia que sufren las personas trans genera una situación de invisibilizacion de sus derechos, que perdura hasta la fecha. En el Perú las mujeres y hombres trans no tienen reconocimiento a un nombre legal acorde a su identidad de género, lo que los hace pasivos de burlas y violencia.
