El gobierno peruano, tiene bajo siete llaves cada uno de los contratos negociados con las empresas farmacéuticas que proveen vacunas contra el coronavirus en el Perú. Proética intentó romper este candado, pero el hermetismo y falta de transparencia genera desconfianza sobre el uso adecuado de los recursos públicos. Samuel Rotta director de Proética, nos cuenta la negación del gobierno en dar información al respecto.
Escribe: Renato Arana Conde- Conexión Vida
-En febrero, Proetica solicitó los acuerdos con Astrazeneca y Sinopharm al Ministerio de Salud, sin embargo se lo negaron pese a que ustedes tuvieron respaldo del Tribunal de Transparencia. ¿Cuál fue la excusa del Ejecutivo?
-El hecho que la documentación esté bajo investigación fiscal por el caso del vacunagate. El fiscal había lacrado La información, entonces no pudimos acceder a ella
–Ahora la información de estos contratos ya no será pública luego que el Ejecutivo esta semana la clasificara como reservada. ¿Esta norma no colisiona con transparencia a la información?
No necesariamente. Nuestra legislación de transparencia y acceso información contempla excepciones punto y las excepciones son establecidas en la ley misma como son seguridad nacional orden interno pero también deja abierta la posibilidad para que en algunos casos que no están contemplados en la ley pero que requieran tener carácter confidencial por ejemplo poner en riesgo una negociación internacional puede hacerse. Para hacerse se necesita que el titular de la entidad emita una resolución informando al público que está clasifican desinformación iba a pasar a ser parte de un registro clasificados. Ese es una disposición que existe en nuestra legislación por tanto lo que están haciendo ahora es cumplir con esto
-Para aclarar, ¿por qué fue entonces la insistencia de Proetica en exigir al Minsa el acceso a los acuerdos entonces?
-Los solicitamos en febrero, poco después de que el gobierno informará que se había suscrito los contratos. Lo hicimos porque, en principio, toda información es pública y, cuando la información es pública, el gobierno debe decir las razones de su clasificación. Nosotros pensamos que había la posibilidad de qué de que esa clasificación pudiera sentar precedentes porque es algo que no se practica en nuestro sector público. Hay mucha discrecionalidad en información así cómo así. Sin embargo nos topamos con la sorpresa que no había ocurrido una clasificación apropiada de la información y, por eso, el Tribunal de Transparencia dice “bueno no ha cumplido con esto” y por eso se le ordenó al Minsa que se nos le entregué y, bueno, luego vino el asunto del lacrado de la información fiscal.
-¿No es que hubo suspicacia en su pedido entonces?
No. Nosotros somos parte transparencia internacional y en todos los países donde operamos hemos sabido que los contratos son secretos por exigencia de los mismos laboratorios. Entonces sentimos que esta es una mala práctica que los laboratorios estén abusando de su posición de dominio en la negociación con los gobiernos. Están obligando a tender estos secretos en los contratos que están firmando en todo el mundo. Por eso es que nosotros quisimos saber cómo está respondiendo el Estado peruano frente esta imposición: cómo es que ha activado sus mecanismos contemplados en la ley para hacer una clasificación apropiada de los documentos
-Pero este hermetismo hace que, por ejemplo, el país ignore si pagaba precios injustos por las vacunas.
-O Cuáles serían las responsabilidades, no se sabe qué pasa con los cronogramas, si los incumplen.
-Más bien fue un hecho: en los contratos de sinopharm en clausulas la empresa no se responsabilizaba por entregas atrasadas, incluso en el de astrazenca no reconocían en caso se presentaran efectos adversos… y Argentina incluso se mostró reacio a firmar esa cláusula abusiva.
-El caso de astrazeneca fue una filtración y efectivamente se conoce este tipo de cláusulas que usted señala. Y aquí en el Perú también hubo una crónica periodística que contaba algunos detalles de la negociación con pfizer y que se comentaba que habían estos pedidos bien abusivos de parte de las empresas de poner como garantía la sede de la Cancillería, exigencias que fueron bastante delirantes.
-Entonces, considera que este hermetismo se presta para contratos abusivos.
-Puede prestarse por supuesto da pie para eso. ¿Por qué los laboratorios están tan ansiosos por utilizar esta estrategia? O, si les preocupa tanto el precio, ¿por qué no solamente mantienen en secreto la cláusula del precio pero no toda la documentación? Llama a suspicacia. Y, cómo le digo, tiene la sartén por el mango: “¿quieres vacunas?, tienes que firmar esto”
-¿Los países de la región no pudieron hacer un frente común?
-No sé si se habrá intentado. Podría haber sido una opción de negociar juntos que se llame la Alianza del Pacífico o por medio de la Comunidad Andina o alguna Alianza ad hoc. Pero no, cada uno fue por su cuenta para ver qué cosas chapaba. Obviamente, el panorama de emergencia jugó en contra.
-Faltó liderazgo.
-Sin duda. Ahora uno piensa en el caso de Astrazeneca en Europa y la negociación fue con la comisión de la Unión Europea e, incluso, este gran bloque también tuvo que allanarse.
-¿Considera que es esta resolución del Ejecutivo es una manera de garantizar la continuidad del abastecimiento de vacunas luego del 28 de julio?
-Los contratos están firmados, ya le informó el gobierno. Uno puede entender que si se difunde información de los contratos podría cortarse el flujo de entregas…
-Y generar un mal precedente.
-Efectivamente, esto es parte de asegurar que esto se pueda lograr para el próximo gobierno.
-Justamente hoy, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al gobierno de Colombia entregar los contratos de compra de vacunas en un plazo de tres días.
-Recién me entero. Vamos a ver qué pasa, porque, hasta donde yo sé, en Colombia no ha habido investigación de fiscales cómo la nuestra con el caso vacunagate. Vamos a ver cómo responde el gobierno colombiano que, además, ya está en serios problemas con toda el contexto social encima.
