Camerún, África.- Walter Atoh es uno de los pocos abogados cameruneses que defienden a personas LGTB, dada la enorme presión social a que se ven sometidos quienes lo hacen. Uno de sus clientes es Cornelius Foya, detenido en octubre de 2012 tras ser atrapado por una multitud furiosa que le acusaba de haber mantenido relaciones homosexuales con un niño de catorce años. La turba le condujo hasta la comisaría de policía, donde prestó declaración y permaneció bajo arresto.
Durante el juicio se demostró que en realidad el joven con quien había mantenido relaciones tenía 19 años, y que todos los encuentros habían sido consensuados. Sin embargo, la madre del joven declaró en comisaría que su hijo padecía desórdenes mentales debido a esos encuentros sexuales. Esa afirmación bastó en su día para que Cornelius perdiera la libertad condicional en espera de juicio, y también fue suficiente después para que el tribunal fallara en su contra con enorme dureza. Mientras que la pena máxima en Camerún para las relaciones homosexuales consentidas entre adultos es de cinco años, el castigo puede llegar a doblarse cuando se trata de relaciones entre un adulto y un joven entre dieciséis y veintiún años. Cornelius fue finalmente condenado a nueve años de prisión.
Su abogado, sin embargo, se acogió a la sección tercera del la Ley de Procedimiento Penal camerunesa, que establece la nulidad del juicio si no se han seguido correctamente todos los procesos legales, para presentar la debida apelación. Según Atoh, cuestiones como la introducción por los testigos de la acusación de informes médicos, sin que previamente se hubieran presentado durante la investigación, pueden invalidar todo el procedimiento seguido. “He instado a los jueces de la Corte de Apelaciones a que revisen el caso y dicten sentencia por sus méritos. Esto es lo permisible, apropiado y admisible en derecho”, afirmaba con contundencia.
Pero todo el trabajo legal llevado a cabo por Atoh puede terminar en saco roto, debido a las enormes presiones a que se ha visto sometido. El abogado denuncia las continuas amenazas que han recibido tanto él como su familia por su defensa de personas LGTB. En una llamada telefónica se le amenazaba gravemente: “Te eliminaremos a ti y a toda tu familia si te sigues empeñando en defender o apoyar actos abominables”. Por ello, en marzo de este año decidió trasladar su residencia a un hotel, mientras su esposa se instalaba en Londres. Poco después se reunió con ella en la capital británica, donde ahora mismo permanece.
“A pesar de las amenazas de muerte contra mí y mi familia, voy volver a Camerún para continuar con mi labor como abogado LGBT “, afirma Atoh, esperando estar pronto en el país para proseguir con la apelación del caso de Cornelius, que, según el abogado, debe tratarse como un caso de derechos humanos. “Cornelius no tiene dinero para pagar a más abogados y su caso es muy complicado”, asevera Atoh, “por lo tanto necesita ayuda humanitaria”. El defensor solicita que las organizaciones humanitarias presten a Cornelius toda la ayuda posible.
