SIS: incluyen como afiliados a personas con VIH, TB y discapacidad severa,
según norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.
Redacción: Conexión Vida
Lima, Perú.- Tras dos años de movilización social y reuniones con autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), el Presidente Martín Vizcarra y la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza firmaron el Decreto Supremo N° 002-2020-SA, que declara a las personas con VIH, tuberculosis y discapacidad severa como vulnerables en salud y por lo tanto, deberán ser afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).
Así, en el marco de la progresividad de la política de aseguramiento universal en salud, se incluye a dichas poblaciones dentro de la afiliación regular al régimen subsidiado del SIS, las mismas que tendrán derecho al conjunto de prestaciones inmersas en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), con un subsidio del 100%, se lee en la norma publicada esta mañana.
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El SIS en coordinación con el Minsa, en un plazo no mayor de 45 días hábiles, establece el procedimiento de afiliación de la población en situación de vulnerabilidad, definiendo mecanismos para salvaguardar la reserva de los diagnósticos y la protección de datos personales. Para el caso de las personas con VIH, la norma beneficiará a más de 60 mil personas.
Vulnerabilidad
El Decreto Supremo desarrolla el concepto de vulnerabilidad sanitaria para viabilizar la afiliación regular al régimen subsidiado del SIS, entendiendo como aquella situación asociada a una condición de salud, que denota desventaja especialmente grave, a nivel económico, educativo, social, entre otros.
Esta condición limita la capacidad de desarrollarse, resistir o sobreponerse ante una condición de salud, riesgo de enfermar o morir, y requiere que el Estado realice un mayor esfuerzo para facilitar la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida.
Más de dos años de lucha
Según Marlon Castillo coordinador del colectivo GIVAR, organización impulsora de la propuesta, refirió que se debió realizar plantones, movilizaciones y denuncias desde el 2016 para que las autoridades de salud se dieran cuenta que se vulneraba el derecho a la salud y la vida de las personas con VIH.
Añadió que el año pasado se formó una plataforma que organizó reuniones con autoridades y activistas de sociedad civil, lo que ha permitido la aprobación del Decreto Supremo.
