Ente de control advierte mala programación de las cantidades de las compras, falta de rotación en su distribución; lo que ha ocasionado un perjuicio económico de S/442 878,00 al país.
Escribe: Marlon Castillo /Conexión Vida
Lima, Perú. – Dinero al agua! El 17 y 18 de abril de este año, el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) procedió a destruir 74 mil 238 frascos de vacuna antituberculosa valorizados en más de 442 mil soles que vencieron en diciembre de 2016 y febrero de 2017; pero ¿Por qué no se destribuyeron las vacunas? ¿Quiénes son los responsables de tremendo despilfarro de dinero que bien pudo inmunizar a más de 700 mil niños en el Perú?
Carmen Teresa Ponce Fernández, recientemente designada directora de Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas), por la ministra Elizabeth Hinostroza Pereyra, deberá ser investigada para determinar su responsabilidad civil o penal por la compra y posterior destrucción de la vacuna antituberculosa (BCG) que ha ocasionado un serio perjuicio de dinero y a la salud. Junto a ella se investigan a dos exdirectores de la Dares (hoy Cenares) José Castro Zavaleta y Magaly Rocío Flores Sáenz.
De acuerdo con el informe N°059-2019-2-5991 de la Contraloría General de la República, en noviembre de 2014, Carmen Ponce, en ese entonces directora de la Dares, remite al representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) la confirmación del requerimiento para la adquisición de las vacunas para el primer y segundo trimestre del 2015 de un total de 200 mil frascos de vacuna, sin advertir que en almacenes del Cenares había disponibilidad de dicho insumo, lo que generó un sobrestock (más de 4 meses del insumo).
Las vacunas para la tuberculosis, se aplica a los bebés hasta las primeras 24 horas de su nacimiento y una vez abierto el frasco, sirve para aplicar a 10 menores. Es decir que el pedido que realizó Ponce de las 200 mil vacunas, debía multiplicarse por 10 dosis cada una. 
Según la contraloría, en el 2014 ya existía un saldo de la vacuna que bien podría abastecer hasta el julio del año siguiente, pero pese a ello, se ingresó el pedido gracias al convenio que tiene el Minsa con el Fondo Rotatorio de la OPS.
Al ser consultada por Conexión Vida sobre el informe de la Contraloría, la directora de Digemid dijo que su labor en Dares «culminó el 7 de enero del 2015 (es decir al cierre 2014) y por lo tanto señala no participó en ninguna decisión y actividad de esa dependencia desde esa fecha. Además, sostuvo que tiene entendido que el informe final (de la investigación) aún no culmina.
Siguieron comprando
Carmen Ponce dejó el cargo en la dirección de Dares para asesorar al exministro de Salud Aníbal Valdivia y en su reemplazo ingresó Magaly Flores, que lejos de corregir el error, siguió el procedimiento, ya que en junio del 2015 confirmó la adquisición de 100 000 dosis de vacuna para los seis meses restantes del año 2015, con entregas de vacunas cada tres meses.
El informe de control de casi 100 páginas da a conocer que las cantidades distribuidas de las vacunas fueron inferiores a las adquiridas, incluso generando una merma en su uso, ya que en el 2014 el director de Salud de las Personas del Minsa, Henry Rebaza advirtió a la actual directora de Digemid que había una estimación de un 600% de “desperdicio” en el uso de las vacunas, ya que apenas se ponía a un bebé desechando la posibilidad de usar las otras 9 dosis.
Descarga aquí el informe completo de Contraloría
No distribuyeron las vacunas
Además, se detecta una mala distribución de las vacunas a las direcciones regionales de salud para el uso de manera oportuno. El activista por los derechos de las personas con tuberculosis, Segundo Chamorro recuerda que «hubo un tiempo que se volvió escaso las vacunas, poniendo en riesgo la salud y la vida de los recién nacidos en los establecimientos de salud del MINSA de la región La Libertad”.
Según la Contraloría, las vacunas destruidas, venían de las compras efectuadas en el 2014 y 2015 para abastecer ese último año a un precio unitario de S/ 5.851 y S/6.138.
Por ello, Chamorro instó a la Ministra de Salud y la Contraloría emitir las “sanciones respectivas y que recaiga todo el peso de la ley a las personas que laboraron en la Cenares». “Por esto no llegamos a las metas trazadas por la ONU en los Objetivos Sostenibles del Milenio de cero tuberculosis al año 2030”, advirtió el activista en salud.
La tuberculosis en el Perú, sigue siendo un problema de salud pública que afecta a unas 37 mil personas y su contagio de persona a persona es frecuente si no se cuenta con tratamiento médico. El Perú es uno de los países con mayor número de casos en América y eso se debe a la falta de prevención a todo nivel.
Cabe indicar que la Contraloría también realizó un informe al Cenares sobre la distribución de los medicamentos, detectado diferencias entre los procesos de programación y distribución de los medicamentos de primera línea para la tuberculosis, advirtiendo en algunos casos cero distribución y en otros entrega de medicamentos superior a lo programado.
