Clara, por ejemplo, recibió ayuda para las pruebas de AHF a través de Sí, da Vida, pues ambas instituciones son aliadas recurrentes. “En veinte días ya tenía mi tratamiento, que me dan cada dos meses. En unos días tengo que hacer otra prueba de carga viral (presencia de virus VIH) y CD4 (medición de células del sistema inmunitario) para ver cómo seguirá el tratamiento”, explica.
Clara se siente mejor pero no quiere estar en Perú. En Venezuela está su hija mayor y su nieta, su pueblo, sus recuerdos, malos y buenos. Sus pensamientos: “Estar lejos de mi gente no es vida, pero es lo que me tocó vivir. Trabajamos para pagar, mi esposo es un señor mayor, no hay para disfrutar ni para ayudar allá. A veces acá como con remordimiento pensando cómo comerán allá, si comen. Pero estoy muy agradecida con el gobierno (peruano), eternamente agradecida. En dos meses más, si me quedaba, me podía haber muerto de cualquier enfermedad oportunista”.
Clara se quiebra un instante en el café donde la mesera es también una migrante venezolana. Luego saca el celular, el mejor invento del hombre, para mostrarle al periodista las fotos de su nieta que la hija le manda siempre, sin falta.
Diagnóstico rápido. Situación de los migrantes venezolanos con VIH es un estudio académico próximo a ser publicado por el investigador de la Universidad Cayetano Heredia Alfonso Silva-Santisteban Portella. En diálogo con la Agencia Andina, el médico explicó de forma general la situación en Perú.
“En Perú el tratamiento está garantizado y es público, muy poca gente accede a lo privado porque es costoso. Con todas sus limitaciones, el sistema de salud de Perú es abierto y es uno de los pocos países de la región que está recibiendo a la gente. Argentina y Brasil son también sistemas abiertos, pero más caros para llegar. Colombia no lo es tanto”, indica.
Silva-Santisteban enfatiza que se trata de una migración forzosa de personas que, en su mayoría, atraviesan una condición de precariedad en general: no tienen soporte familiar cercano, vienen con poco dinero (y generalmente, por vía terrestre) y, al llegar, no encuentran trabajos adecuados. El 30% está desempleado y el 45% gana menos del salario mínimo, según datos de la Organización Internacional para Migrantes.
“Y si a eso se le suma el VIH, hablamos de una situación crítica”, advierte.
Ante casos graves, el Estado peruano ha respondido con entregar por ejemplo el Carnet de Extranjería con rapidez tras una evaluación de la Oficina de Atención a Poblaciones Vulnerables de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El Carnet de Extranjería es importante: permite tramitar el Seguro Integral de Salud (SIS), que brinda una cobertura de salud más amplia y gratuita. El SIS evita también el gasto inicial (de 200 a 300 soles) que se necesita para costear algunas pruebas requeridas para comenzar a recibir los antirretrovirales en Perú.
Cuando tuvo el carnet, Esteban trató de tramitar el SIS pero le fue negado por tener una cuenta bancaria, a pesar de que tenía cero soles. Por ahora, paga 39 soles al mes (caso 12 dólares) para tener el SIS en la modalidad de independiente.
El tratamiento reduce transmisión
Una de las conclusiones del informe elaborado por Silva-Santisteban es que el Estado debe intervenir de una forma activa para cerrar la brecha en los casos de más vulnerabilidad. Por ejemplo, creando rutas de protección para atender al migrante con VIH apenas es identificado en la frontera, o liderando estrategias con diferentes actores del Estado y la sociedad civil para asegurar que los afectados más vulnerables lleguen al tratamiento.
Carlos Benites Villafane, coordinador de la Estrategia Sanitaria de Control y Prevención del VIH del Ministerio de Salud peruano, asegura que se está trabajando para mantener la eficiencia en la atención de los migrantes con VIH. “Garantizamos la atención porque beneficia no solo la salud individual de la persona sino que, en términos de salud pública, reduce la posibilidad de transmisión a otros. Además, es un derecho de las personas con VIH el recibir el tratamiento”.
Entrevistado por la Agencia Andina vía telefónica desde la zona de frontera con Ecuador, donde realiza coordinaciones sobre la atención de migrantes, Benites aseguró también que la presencia venezolana está siendo contemplada para la programación de compra de medicinas y pruebas con miras al 2020, que debe presentarse en julio.
Añadió que
son 1,509 los ciudadanos venezolanos que reciben tratamiento antirretroviral en Perú, con datos actualizados a febrero del 2019. El 80% de ese total (1,357), vive en Lima y Callao. “Y no son tantos en comparación (con los peruanos).
A nivel nacional se estima que hay 72 mil peruanos con VIH, de los cuales 57 mil se encuentran en tratamiento del
Ministerio de Salud. La disponibilidad presupuestal nos permite hacer la programación con bastante tranquilidad”.
Benites añadió que el Ministerio de Salud ya distribuye una cartilla informativa similar a un pasaporte, el “Pasaporte Saludable”, que se entrega a los inmigrantes en zonas de frontera y que brinda información de centros de salud, tratamientos y otros.
“Ahora estamos elaborando otro documento similar pero especializado para VIH, con información sobre los pasos a seguir o los centros donde hay tratamiento. También estamos iniciando conversaciones con nuestros pares de Ecuador para hacer el seguimiento adecuado y asegurarnos de que las personas con VIH sean cubiertas con el tratamiento”, anunció el funcionario.