Lima, Perú. – La reciente promulgación de la Ley N.º 32301 por la presidenta Dina Boluarte, que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), ha generado un debate profundo en el ámbito público peruano. El texto normativo, orientado a fortalecer el control sobre los fondos provenientes de la cooperación internacional, incluye sanciones severas para las organizaciones que utilicen dichos recursos en actividades consideradas como afectantes al orden público, la propiedad, la seguridad ciudadana o el orden interno. Entre estas medidas se destacan multas que pueden alcanzar hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente US$ 720,000) y la cancelación definitiva del registro en la APCI.
Una Ley con definiciones vagas
La redacción ambigua del texto «actividades consideradas como afectantes al orden público» puede abrir la puerta a una amplia gama de interpretaciones, lo que podría ser instrumentalizado de varias maneras para fines de persecución política o represiva. Si se interpreta de forma extensiva, la norma podría usarse para justificar medidas contra organizaciones y personas que participan en debates críticos, generando un ambiente en el que tanto activistas como periodistas se autocensuren por temor a ser acusados de incitar al desorden
Un nuevo panorama para la sociedad civil
Desde su aprobación en primera votación, el 13 de marzo de 2025 en el pleno del Congreso de la República, la ley ha despertado inquietudes entre diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) como Amnistía Internacional y colectivos que, durante años, han desempeñado un rol fundamental en el monitoreo y denuncia de abusos de poder. Las críticas se centran en el potencial uso discrecional del concepto de «orden público», que podría interpretarse de manera amplia y, en consecuencia, restringir la labor de aquellas instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la rendición de cuentas del Estado.
Voces del sector denuncian que, si bien el objetivo declarado es prevenir el uso indebido de recursos, la ambigüedad en la redacción del texto normativo deja espacio para interpretaciones que podrían coartar la participación activa y crítica de la sociedad civil. En este sentido, expertos subrayan que la nueva ley, en lugar de consolidar un control transparente, podría convertirse en un instrumento para limitar la libertad de asociación y expresión de organizaciones que cuestionan al poder.
El caso venezolano
Esta situación evoca paralelismos con el marco legal que se ha impuesto en Venezuela a lo largo de los últimos años. Durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Estado venezolano ha regulado de manera estricta la operación de las ONG mediante normativas que condicionan severamente la recepción de financiamiento internacional y la operatividad de estas organizaciones.
Las experiencias en Venezuela muestran cómo la instrumentalización del concepto de “orden público” puede transformarse en una herramienta para limitar el ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana, donde las ONG que se han dedicado a la denuncia de abusos y a la promoción de derechos humanos han enfrentado sanciones legales, denuncias y un ambiente de constante incertidumbre, lo que ha contribuido a un clima de autocensura tanto en la sociedad civil como en el periodismo independiente.
Impacto en el periodismo independiente
El periodismo independiente ha sido en Perú una herramienta esencial para el ejercicio de la democracia y la rendición de cuentas, muchas investigaciones periodísticas dependen de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil que se dedican a monitorear el poder y denunciar irregularidades. La presión ejercida por esta ley puede provocar que estas entidades reduzcan sus actividades o, en el peor de los casos, cesen su labor, mermando así la capacidad del periodismo independiente para acceder a fuentes relevantes y contrastar información.
El uso potencial del discurso del orden público para justificar la intervención en actividades críticas puede generar un clima de autocensura y los periodistas, preocupados por posibles repercusiones legales o económicas, podrían evitar abordar ciertos temas, lo que a su vez debilita el control social y la transparencia, pilares esenciales de una prensa libre.
