La salud de Dina Elcira Boluarte y el gasto público: «Las facturas que el país termina pagando»
Lima, Perú. – Junio de 2023 marcó un antes y un después en la narrativa de Palacio de Gobierno. No por una gran reforma ni por una medida clave contra la inseguridad o la pobreza, sino por una cirugía estética. Ese mes, la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención que desató un entramado de gastos, silencios, firmas cuestionadas y blindajes institucionales que, hasta hoy, siguen sin respuesta clara.
Dina Boluarte pasó varios días en reposo, pero ¿Cuántos exactamente? esto aún es un misterio, como el saber ¿Quiénes la atendieron? sabemos, al menos, que su médico de confianza fue Mario Cabani, quien ahora se encuentra en el centro de una tormenta. La presidenta se ha opuesto tajantemente a levantarle el secreto profesional y no solo eso, han surgido sospechas de firmas falsificadas en documentos médicos, otro frente que el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha calificado como “irrelevante” porque, según él, no hay nada que incrimine a su patrocinada, pero los documentos cuentan otra historia y el dinero también.
Palacio de Gobierno «Un centro médico presidencial«
Mientras la ciudadanía enfrenta un sistema de salud donde abundan los desafíos, Palacio de Gobierno parece haber inaugurado su propio centro privado, sin necesidad de declararlo oficialmente, solo en equipos médicos el despacho presidencial ha gastado más de 61.000 PEN, desde la operación de Boluarte y la lista es llamativa por la especificidad que veremos a continuación:
➜ 12.500 soles por un equipo de magnetoterapia comprado a JP Rehab, ideal para desinflamar y oxigenar la piel, justo lo que se requiere tras una cirugía estética.
➜ 37.000 soles en remodelaciones del centro médico interno.
➜ 6.890 soles por un electrocardiógrafo.
➜ 4,800 soles por una compresora médica.
➜ 9.840 soles por un medidor de perfil lipídico y un autoanalizador hematológico.
➜ 24.931 soles por un equipo de fisioterapia combinada, ideal para tratar lesiones crónicas.
➜ 2.800 soles por un sistema de monitoreo de presión arterial ambulatoria.
Estas adquisiciones, hechas a empresas que habitualmente venden solo a hospitales o redes de salud, sorprenden por una razón sencilla: Palacio de Gobierno no es un hospital, ni debería realizar gastos públicos que lo hagan actuar como tal.
La salud física de la presidenta también ha sido respaldada por una generosa inversión en maquinaria de gimnasio. Entre noviembre y diciembre de 2024, el despacho presidencial gastó casi 50.000 soles en trotadoras, prensas, sillones de ejercicio y máquinas de fuerza. A eso se suman 11.000 soles más en mantenimiento correctivo.
Aunque se ha intentado justificar que los equipos están destinados al uso del personal de la Casa Militar, una factura registrada directamente a nombre del despacho presidencial refuerza la hipótesis de que este gimnasio es, en esencia, privado. Ricardo Pinedo, exsecretario de Palacio, fue claro: “Si la factura dice despacho presidencial, es para la presidenta”.
Un resumen del costo del poder presidencial
El presupuesto del Despacho Presidencial pasó de 36 millones PEN en gobiernos anteriores a 48 millones PEN en el año 2025, solo en rubros de personal y obligaciones sociales, se han destinado más de 27 millones, lo que representa un incremento de más del 80 % respecto a la última década. Mientras el país atraviesa un contexto alarmante de inseguridad ciudadana, con miles de peruanos en desempleo y la constante corrupción de funcionarios públicos, en Palacio de Gobierno el ejercicio físico y el monitoreo de colesterol parecen tener más prioridad que el bienestar colectivo.
Lo estético ha desplazado lo ético y en esta historia la verdadera cirugía no fue solo facial, sino también institucional: una incisión profunda en los recursos del Estado, hecha sin anestesia ni consentimiento de los ciudadanos.
El silencio como política de Estado
En medio de los señalamientos, la estrategia ha sido el silencio, la Presiente Dina Boluarte evita levantar el secreto profesional de su médico, su defensa legal desacredita cualquier intento de indagación y mientras tanto, se fortalece una infraestructura médica con fondos públicos, sin transparencia, sin justificación clara, y sin rendición de cuentas.
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