La norma aprobada por el Congreso impone mayores restricciones a las ONG que gestionan la cooperación internacional, limitando su autonomía y su trabajo en defensa de los derechos humanos. Organizaciones advierten que esta ley busca silenciar voces críticas y podría sancionar incluso movilizaciones sociales. Ahora, el Ejecutivo deberá decidir.
Lima – Perú.- El Congreso de la República aprobó en primera votación la cuestionada Ley Anti ONG, exonerándola de una segunda votación con 81 votos. Ahora, la norma pasa al Ejecutivo para su promulgación u observación. Asociaciones civiles han advertido que esta medida representa un grave retroceso en la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil y vulnera derechos constitucionales.
La iniciativa modifica la Ley 27692, que rige la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), e impone mayores controles y exigencias administrativas a las ONG que gestionan cooperación internacional. Bajo el pretexto de la transparencia, se restringe el trabajo de las organizaciones y se limita su capacidad de actuar en defensa de las personas más vulnerables. Incluso, hasta un plantón o movilización social podría ser considerado una infracción muy grave, sancionada con multas o la cancelación del registro ante la APCI.
Nuevas restricciones que afectan el acceso a la justicia
Una de las disposiciones más preocupantes de la norma es la incorporación de un artículo que impide a las ONG llevar casos judiciales o administrativos contra el Estado. Esto significa que no podrán asumir la defensa legal de casos de acceso a la información, civiles, penales ni, mucho menos, de derechos humanos. Esta medida representa un golpe directo a la posibilidad de fiscalizar la gestión estatal y buscar justicia para las poblaciones vulnerables.
El Congreso aprueba una ley contra las ONG para asegurar impunidad de los gobernantes. La norma prohíbe el uso de fondos para denunciar o demandar al Estado, lo que significa que casos por violaciones de derechos humanos como las esterilizaciones forzadas o las masacres de este gobierno no podrán seguir adelante.
La norma fue respaldada por 82 congresistas de bancadas como Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia, bloques afines al Congreso y al gobierno de Dina Boluarte. En cambio, las agrupaciones Juntos por el Perú, Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular se opusieron.
Rechazo de organizaciones de derechos humanos
Diversos especialistas han manifestado su preocupación, señalando que la supervisión de la APCI no debe convertirse en un mecanismo de control indebido o de presión política, ideológica y económica para favorecer al poder de turno.
Sí, Da Vida se pronuncia
La organización Sí, Da Vida también se sumó al rechazo a la ley, alertando que esta reforma amenaza el trabajo de las ONG que brindan apoyo a poblaciones vulnerables. En su pronunciamiento, señalaron que las nuevas restricciones ponen en riesgo la continuidad de programas de salud y derechos humanos, fundamentales para miles de personas en el país.
«representa un grave retroceso en la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil que gestionan cooperación internacional.» se lee en el comunicado.
Con la aprobación de esta ley ONG como Si, da Vida podrían ser sancionadas, hasta criminalizadas solo por realizar activismo político.
