Las políticas y prácticas en materia de atención a las personas que consumen drogas a mantenerse vivas y protegidas frente al VIH y la hepatitis C.
Ginebra – Suiza.- Muchos sistemas penitenciarios se ven con dificultades para lidiar con la sobrecarga, los recursos inadecuados, el acceso limitado a la atención sanitaria y otros servicios de apoyo, la violencia y el consumo de drogas en sus centros. Solo en 2021, el número estimado de personas privadas de la libertad aumentó un 24 % en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los aproximadamente 10,8 millones de personas, algo que incrementó la presión sobre unos sistemas carcelarios ya de por sí sobrecargados.
Es innegable que en las cárceles el consumo de drogas es una realidad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que en algunos países hasta el 50 % de las personas privadas de la libertad consumen o se inyectan drogas. Las prácticas no seguras de inyección de drogas suponen un factor de riesgo importante para la transmisión del VIH y la hepatitis C debido al acceso limitado a los servicios de reducción del daño, entre los que se incluyen preservativos, agujas y jeringuillas limpias, y a la falta de programas integrales de tratamiento farmacológico, en concreto la terapia de sustitución de opiáceos.
Las personas privadas de la libertad tienen 7,2 veces más probabilidades de vivir con el VIH que los adultos de la población general. ONUSIDA informa de que la prevalencia del VIH entre las personas en prisión aumentó un 13 % desde 2017, hasta llegar a alcanzar el 4,3 % en 2021. Aunque los datos son limitados, se cree que alrededor de una de cada cuatro personas de la población total de los centros de reclusión tiene hepatitis C.
«El acceso a la atención sanitaria, incluidos los servicios de reducción del daño, es un derecho humano fundamental, y no se debe negar a nadie ese derecho por estar encarcelado», afirmó Eamonn Murphy, director regional de ONUSIDA para Asia Pacífico, Europa Oriental y Asia Central. «Las cárceles suelen pasar inadvertidas entre los esfuerzos nacionales por responder al VIH. Precisamente por eso, urge un enfoque multisectorial y multifacético para salvar vidas, que incluya el acceso a agujas y jeringuillas limpias, así como un tratamiento eficaz para reducir la dependencia a los medicamentos opiáceos y para minimizar el estigma y la discriminación».
Entre los países que informaron a ONUSIDA en 2019 sobre la situación de sus centros de reclusión, solo 6 de 104 países contaban con programas de agujas y jeringuillas en al menos una cárcel; solo 20 de 102 países tenían en marcha programas de terapia de sustitución de opiáceos en al menos una cárcel, y 37 de 99 países ofrecían preservativos y lubricantes en algunas cárceles.
ONUSIDA, UNODC y OMS llevan mucho tiempo apoyando la ampliación de los servicios de atención en los centros penitenciarios. Sin embargo, según Harm Redution International, solo 59 países de todo el mundo proporcionan tratamiento con agonistas opioides en estos centros.
Algunos países ya han realizado grandes progresos al respecto en los últimos años. A pesar de los desafíos a los que se enfrentan los refugiados y de las repercusiones de la guerra en Ucrania, Moldova, que tiene una prevalencia del VIH del 3,2 % en sus cárceles, en comparación con el 0,4 % de la población general, ha destinado muchos más recursos a sus centros penitenciarios.
A principios de los 2000, en pocas de sus cárceles se ofrecían servicios de reducción del daño. Hoy en día, los 17 centros penitenciarios del país prestan servicios relacionados con la reducción del daño, entre los que se incluyen el suministro de metadona (un tratamiento agonista opioide), el acceso a psiquiatras, médicos y programas de tratamiento, el intercambio de agujas y jeringuillas, y la prevención del VIH, con sus respectivas pruebas, tratamiento y atención.
Svetlana Plamadeala, directora nacional de ONUSIDA en Moldova, afirmó: «Se trata de anteponer a las personas, tratarlas como iguales y adoptar un enfoque sólido y de salud pública, basado en los derechos humanos y las pruebas».
ONUSIDA, UNODC, UNFPA, OMS, OIT y PNUD recomiendan 15 intervenciones completas y fundamentales para salvar vidas y garantizar un programa eficaz contra el VIH en los centros penitenciarios. Entre ellas destacan la prevención del VIH, las pruebas y el tratamiento, los preservativos, el lubricante, el tratamiento con agonistas opiáceos y la profilaxis posterior a la exposición. Sin embargo, esto no es más que solo una parte de la solución. ONUSIDA también recomienda que los países modifiquen sus leyes con el fin de despenalizar la posesión de drogas para uso personal.
ONUSIDA ha establecido unos ambiciosos objetivos para 2025, entre los que se incluyen: El 95 % de las personas en cárceles y otros centros de internamiento conocen su estado serológico, el 95 % que conocen su estado serológico están en tratamiento y el 95 % en tratamiento están suprimidos viralmente; el 90 % de los reclusos utilizaron preservativos en su última relación sexual con una pareja no estable; el 90 % de los reclusos que se inyectan drogas usaron agujas y jeringuillas estériles en su última inyección; y el 100 % de los reclusos tienen acceso regular a un sistema de salud adecuado o a los servicios liderados por la comunidad.
ONUSIDA no se cansa de defender el papel activo de las comunidades a la hora de planificar, proporcionar y supervisar los servicios para el VIH. Sin embargo, esto no siempre resulta sencillo en los entornos carcelarios. Sin el compromiso de la comunidad no será posible alcanzar las metas globales contra el sida.
Fuente: ONUSIDA
