La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar las diligencias contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Lima – Perú.- la Fiscalía de la Nación decidió iniciar una investigación preliminar en contra del ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Además, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, dipuso iniciar las diligencias contra la funcionaria Grika Asayag O’Besso por el supuesto delito de tráfico de influencias agravado.
De acuerdo con el Ministerio Público, la apertura de esta investigación preliminar responde a un supuesto interés indebido en el pago de más de 41 millones de soles a la empresa Aiona Technology Corporation SAC por parte de EsSalud. Este pago se dio tras obtener en 2020 la buena pro para el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas.
Fiscalía realizó diligencias en el Ministerio de Trabajo
El último miércoles 15 de febrero, la Fiscalía de Enriquecimiento ilícito realizó una serie de diligencias en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE). Ello, en el marco de las investigaciones que se le sigue al titular del sector, Alfonso Adrianzén, por la presunta comisión del delito de colusión agravada.
Las pesquisas de la Fiscalía se realizaron luego de que el semanario Hildebrandt en sus Trece revelara que Carola Gisella Rodríguez Bringas, excuñada del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue contratada por el Ministerio de Trabajo como asesora, percibiendo un suelo de 15 500 soles.
«No he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la doctora Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare», dijo Otárola al respecto.
Fuente: El Comercio
