Escribe: Renato Arana Conde – Conexión Vida
Usuarios solo tienen 72 horas para evitar, mediante una terapia de emergencia, desarrollar el virus del VIH tras caer en una conducta de riesgo. Pero a la hora de la hora se topan con un sistema de salud que les pone obstáculos para acceder a un derecho que, por norma técnica, está garantizado.
Lima, Perú.- Una carrera contra el tiempo y la vida. Se tiene 72 horas para acceder a medicamentos antirretrovirales luego de estar expuesto al VIH, ya sea por un accidente laboral, un acto de violencia sexual o una conducta de riesgo. Tiempo suficiente para impedir que el virus ingrese al torrente sanguíneo y se instale definitivamente en el organismo. Sin embargo, lo que por norma debe estar garantizado no se cumple en los hospitales públicos.
Así lo vivió en carne propia Carlos (su identidad real se mantiene en reserva) quien el viernes 31 de diciembre con algunas copas demás por la celebración de la llegada del 2022, incurrió en una conducta de riesgo al tener relaciones sexuales con una mujer sin usar preservativo. Horas después, su compañera sexual de paso le confesó que tenía VIH pero que llevaba tratamiento antirretroviral. La noticia lo hizo reaccionar de la resaca. ¿Sería ella indetectable y, por lo tanto, intransmisible?
Tenía que iniciar, cuanto antes, un tratamiento de post exposición en un hospital público. La Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección de VIH (de diciembre de 2020), en el punto 6.6, garantiza el acceso a este tratamiento de emergencia en los casos de violencia sexual y (como el caso de Carlos) exposición sexual de alto riesgo (sexo sin condón o sexo con trabajadoras/es sexuales) “lo antes posible y dentro de las 72 horas post exposición”. Se especifica que se vale de tres esquemas de antirretrovirales que incluyen tenofovir, lamivudina, lopinavir, entre otros, por un periodo de cuatro semanas.
¿Por qué 72 horas? El médico infectólogo Alberto Flores explica que, tras una conducta de riesgo, el virus del VIH ingresa a la mucosa del organismo a través de lesiones microscópicas y se queda “estacionado” en el lugar por día y medio. Luego es capturado por otras células e ingresa al torrente sanguíneo y pasa a invadir los CD4: no hay nada que hacer a partir de ese punto. “Entonces, cuando se toma el tratamiento post exposición, se inhibe la migración del virus al torrente. Por eso, tras el incidente, el tratamiento es efectivo en las primeras dos horas, hasta las 24. A medida que pasen las horas, los medicamentos van a perder su efectividad”, advierte Flores a este medio.
Entonces, Carlos tenía solo el fin de semana para acceder al tratamiento. Sin embargo, en los tres hospitales a los que acudió por ayuda, increíblemente, no tuvo éxito. En el Hipólito Unanue le indicaron que esperase la llegada del médico infectólogo para que inicie tratamiento de emergencia. Aguardó más de una hora: el especialista jamás se presentó. Salió a toda carrera hacia el hospital Dos de Mayo. Allí le pusieron como requisito, solo para entrar al hospital, someterse a una prueba covid. La misma suerte corrió en el Arzobispo Loayza.
Una norma técnica que no se cumple
La norma técnica para estos trabajadores públicos de salud está pintada y demuestra una incapacidad para resolver una emergencia en 72 horas. Las áreas de infectología de estos establecimientos públicos, al parecer, operan bajo horarios de oficina (de lunes a viernes) para estos casos: si uno se expone al virus al inicio de un fin de semana, entonces, uno debe resignarse a vivir con el VIH de por vida.
Y es que las trabas con la que se topan los usuarios que buscan tratamiento post-exposición solo son taras propias del sistema laboral en estos hospitales. Si uno lee la norma, y nunca ha tenido la mala fortuna que caer en un hospital público por esta clase de asistencia de emergencia, creería que la atención que recibirá será en cuestión de minutos o unas cuantas horas, a lo mucho. Pero el papel aguanta todo. “Para iniciar la atención no es requisito que la ‘víctima’ previamente haya recibido atención médico legal o atención ginecológica o que el caso esté judicializado. La atención debe ser inmediata”, indica la norma técnica cuando se trata de casos de violencia sexual, inmediatez con la que se también se debe aplicar a casos de exposición sexual de alto riesgo.
Para Pablo Anamaría, activista en VIH y representante alterno de ITPC LATCA (Coalición internacional de activistas en tratamientos) es inconcebible que, para casos menos complejos de abordar como una exposición por conducta de riesgo, haya tantos obstáculos para iniciar ya terapia de emergencia. “Es que, muchas veces, el personal de salud no es consciente de que esta opción (tratamiento de emergencia para exposición sexual de alto riesgo) existe. No hay campañas que les expliquen de este abanico de servicios y es porque no hay una oferta activa para este tipo de intervención. Ni siquiera tenemos un sistema que haga vigilancia sobre el tema y eso es una barrera para el acceso”, declara el activista para Conexión Vida.
Antonio (cuyo nombre se cambió por confidencialidad), también tuvo una conducta de riesgo con otro hombre en la víspera de año nuevo. Advertido de la deficiencia a la hora de acceder a tratamiento post exposición, recurrió a los teléfonos de ayuda de organizaciones como Sí, da Vida y Givar quienes lo pusieron en contacto con infectólogos privados para así obtener una receta médica. De esta manera, la única manera de acceder a medicamentos antirretrovirales antes de las 72 horas cruciales fue en establecimientos particulares, teniendo que desembolsar pagos de hasta cuatro cifras. Es cuestión de invertir por cuatro semanas para evitar atarse a un tratamiento de por vida. Lo injusto radica en tener que pagar en el ámbito privado por un servicio público que, por norma, es coberturado por el Estado.
La organización Sí, da Vida, en lo que va del 2022, ha recibido hasta seis personas que buscan realizarse una prueba de descarte tras las celebraciones de diciembre por incurrir en conducta de riesgo. Son casos iguales a los de Carlos y Antonio, quienes, al no haber recibido su tratamiento post exposición, solo les queda, después de un tiempo, saber de una buena vez, mediante una prueba de descarte, si tienen el virus.
Un costo/beneficio que no se toma en cuenta
Pablo Anamaría explica que la responsabilidad recae en el Ministerio de Salud que imposibilita que estos servicios de emergencia por exposición al VIH cuenten con horarios especiales y diferenciados (que incluyan todos los días de la semana), puesto que ya existe una norma, se cuenta con los medicamentos: entonces se trata de un problema de organización de servicios.
Evitar que, por medio del tratamiento de emergencia, una persona expuesta al virus se convierta en una que lleve el virus vitaliciamente significa a su vez, un costo beneficio para el Estado; ya que, con solo cuatro semanas de medicamentos, a largo el sistema de salud se ahorra década tras década (y miles de soles) de otorgar antirretrovirales a alguien que pudo revertir el desarrollo del virus en las72 horas posteriores a la exposición.
“Y no solo antirretrovirales, sino se ahorraría todo el paquete de atención (exámenes de carga viral, CD4 y medicamentos para otras comorbilidades). Hay una serie de otras circunstancias aparejadas al tratamiento antirretroviral que son un costo al Estado, pero ahí surge otro problema porque el SIS para personas con VIH ni siquiera cubre todas las prestaciones necesarias para darle calidad de vida al usuario”, analiza Pablo Anamaría.
La tercera ola de la pandemia por Covid-19, será un nuevo obstáculo para afrontar servicios de salud contemplados en las normas y con la oportunidad necesaria.
