Joven con VIH postuló en octubre a una vacante en empresa la cual hasta le dio la bienvenida como trabajador, pero horas después le informaron que, tras ver los resultados de sus exámenes médicos, no era apto por tener una enfermedad inmunosupresora que ‘lo hace vulnerable’ al covid-19. La compañía se basó en una resolución suprema del MINSA carente, a estas alturas, de evidencia científica.
Escribe: Renato Arana Conde – Conexión Vida
Lima, Perú.- Bajo la excusa de protegerlo de contraer el coronavirus, un hombre con VIH de 25 años de edad denuncia que una empresa de telecomunicaciones en la ciudad de Lima lo discriminó al momento de postular a una plaza de trabajo, a causa de su condición crónica de salud.
Carlos, cuya identidad real nos reservaremos, narró que el 30 de octubre se presentó para obtener un puesto (en la modalidad presencial) como técnico de centro de operaciones en Telefónica Ingeniería de Seguridad para lo cual se le pidió someterse a una serie de exámenes pre-ocupacionales, entre ellos el médico en la clínica Aptus, empresa que terceriza los servicios de salud, ubicada en el distrito limeño de Magdalena del Mar.
“En la clínica, me dieron una ficha que debía rellenar datos personales y ahí se me pregunta si tomaba medicamentos. Yo marqué que sí. Luego, pasé a revisión de tórax, extracción de sangre (no me informaron para qué pruebas) y una doctora me preguntó si sufría de alguna alergia y si tomaba medicamentos. Yo respondí, naturalmente, que sí, pues vivo con VIH. A la doctora que me atendió pareció no preocuparle eso”, describe Carlos en diálogo con Conexión Vida.
El 3 de noviembre recibió, vía correo electrónico, la confirmación de su admisión a Telefónica Ingeniería de Seguridad mediante un documento de bienvenida en el que se especificaba el monto de su futura remuneración, los beneficios laborales, el horario, etcétera. Una buena noticia luego de más de año y medio desempleado, debido a la pandemia por covid-19. Sin embargo, 24 horas después un nuevo correo del personal de recursos humanos de la empresa derrumbaría su alegría.
“Entonces me llaman de recursos humanos y me dicen que la clínica que realiza el examen pre-ocupacional Aptus indica, en sus conclusiones, que pertenezco en el grupo de riesgo y me imagino que debe ser porque tengo VIH”, declara Carlos.
El correo electrónico de la empresa revela que se le habría realizado una prueba de descarte para VIH sin su consentimiento: “… Los resultados obtenidos por el examen médico realizado por la clínica ocupacional Aptus indican que usted se encuentra acto con restricciones para realizar trabajos de manera presencial por pertenecer a la población de riesgo a covid-19, de acuerdo a la Resolución Ministerial 972-2020-MINSA y, acuerdo a lo señalado en la entrevista (…) solo se puede laborar bajo la modalidad presencial. Por ese motivo, nos vemos forzados a dejar sin efecto su contratación”.
No obstante, la referida resolución ministerial –a la que recurre Telefónica Ingeniería de Seguridad de manera estricta– en el punto 7.3.4 indica que las personas dentro de los grupos de riesgo (como señala el documento, las que presentan enfermedades inmunosupresoras como el VIH) deben realizar ‘prioritariamente’ trabajo a distancia, con lo cual se establece que no es carácter obligatorio esta modalidad laboral para el grupo vulnerable al que se hace mención.
Conexión Vida tuvo acceso a la grabación en audio en la se oye a Carlos pidiendo explicaciones, en vano, a un trabajador de recursos humanos de Telefónica Ingeniería de Seguridad quien, ante su falta de argumentos, le pone en contacto (en comunicación tripartita por teléfono) con la doctora encargada de las pruebas en la clínica Aptus. La profesional de salud solo se limita a ceñirse a la resolución ministerial 972-2020-MINSA al tener una enfermedad inmunosupresora. “Así tome usted pastillas (antirretrovirales), está usted en grupo de riesgo”, respondió tajante la doctora sin ahondar en mayor análisis, durante la grabación.
Foto: Captura de web de clínica ocupacional APTUS
Y es que, ahí, radica el gran cuestionamiento de esta resolución, a estas alturas de la pandemia por covid-19, respecto a las personas que viven con VIH: su carencia de información científica.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no existe evidencia científica que una persona con VIH, que se encuentre bajo tratamiento antirretroviral y se halle inmunológicamente estable, esté en mayor riesgo de presentar síntomas graves de covid-19.
Es lo mismo que le indicaron a Carlos los médicos del hospital María Auxiliadora donde recibe tratamiento antirretroviral, lo cual se refleja en sus nada preocupantes resultados de carga viral y CD4, según asegura el denunciante: “En el hospital me dicen que puedo trabajar tranquilamente si llevo mi tratamiento, pero cuando postulo a una plaza me cierran las puertas. ¿Cómo nos vamos a defender en la vida si no podemos trabajar?”
Los atropellos no se detienen ahí. Para el abogado y especialista en salud pública, Mario Ríos, con este accionar, además, se ha cometido una violación a la Ley Nº 28243 (ley que amplia y modifica la Ley Contrasida) que establece que las pruebas para diagnosticar el VIH y Sida son voluntarias y deben realizarse previa consejería obligatoria. Se hacen excepciones en caso de donantes de sangre y órganos o de que se trate de una madre gestante, (cuando existe riesgo de transmisión al nonato).
“Además esta clínica no tiene autorización para develar el resultado al empleador, eso ya implica una demanda contra la clínica porque se trata de información confidencial (el diagnóstico)”, explica Ríos. La denuncia de este caso, que realizó el grupo de vigilancia de medicamentos antirretrovirales (GIVAR), en la que además se cuestiona el punto 7.3.4 de resolución ministerial 972-2020-MINSA, fue recibida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) esta semana.
Para GIVAR, habría la posibilidad que Carlos firme una declaración jurada, de compromiso ante su “vulnerabilidad” generando una oportunidad laboral, ya que la condición de VIH, en este caso, no implicaría riesgos ni para el coronavirus, ni de transmisión en el espacio de trabajo.
Nuestro medio llamó en varias oportunidades al encargado de la empresa y a la clínica APTUS, pero no se obtuvieron respuesta a las llamadas y chat.
A raíz de la presentación de este caso, Conexión Vida ha recibido dos denuncias por discriminación laboral, una de las cuales se encuentra en manos de SUNAFIL y otra que ocurrió hace varios meses atrás en la región La Libertad, lo que indica que no son hechos aislados, y más bien requieren de vigilancia permanente para evitar que se vulnere el derecho al trabajo a las personas con VIH en el Perú.
Mira el programa completo Salud y Política de Conexión Vida con el testimonio de Carlos
