Lima, Perú.- La Defensoría del Pueblo, en su rol de defensa de los derechos fundamentales, viene atendiendo diversas quejas y solicitudes presentadas por las personas voluntarias del ensayo clínico de Sinopharm en el país. En ese contexto, se advierte con preocupación que 175 de ellas son profesionales de la salud y aún se encuentran pendientes de recibir la segunda dosis de la vacuna, hecho que los expone en mayor grado al contagio del COVID-19.
Este hecho resulta inaceptable toda vez que se ha lesionado su derecho a la igualdad en el proceso de vacunación, al ser objetos de un trato diferenciado injustificado respecto del resto de profesionales de la salud. Estas/os voluntarias/os, de no haber participado en el ensayo clínico, ya habrían sido inmunizadas/os por pertenecer a la primera línea de atención.
Al existir una evidente afectación a los derechos fundamentales, corresponde a las autoridades del Ministerio de Salud adoptar acciones inmediatas para garantizar la vacunación de estas personas. Caso contrario, la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución y su Ley Orgánica, se verá en la obligación de presentar, en breve plazo, una demanda de amparo en defensa de sus derechos a la igualdad y a la salud.
Asimismo, se viene exigiendo al Poder Ejecutivo adoptar acciones urgentes en favor del resto de personas voluntarias que participaron en el ensayo. Debe recordarse que se les garantizó ser priorizados en el proceso de vacunación. Sobre el particular, la institución considera que el Gobierno debe buscar una pronta salida a su legítimo reclamo.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar supervisando el proceso de vacunación y la defensa del derecho a la salud de toda la población.
