Usan cadáveres de sus pacientes como objeto de chantaje para exigir cancelación de deudas tras internamiento por Covid-19, pese a estar terminantemente prohibido en el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. ¿Y dónde está Susalud?
Escribe: Renato Arana Conde – Conexión Vida
Lima, Perú.- Lejos de mostrar solidaridad y empatía en plena pandemia, las clínicas privadas continúan sacando provecho de la desesperación de los familiares de las personas que caen graves por Covid-19; al punto de retener sus cadáveres para obligarlos a cancelar deudas fruto del internamiento en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Una situación de la que ha advertido también la Defensoría del Pueblo.
Es el caso del señor A.B.L., quien el 5 de diciembre de 2020 ingresó a emergencia –debido a su avanzada edad y por presentar insuficiencia renal– de las instalaciones de la clínica Vesalio por presentar síntomas del Covid-19. Horas antes, sus allegados probaron suerte en el Hospital Marino Molina Scippa de Essalud, al cual A.B.L. era afiliado, pero ni una cama disponible. La misma situación se repitió al intentarlo en el hospital Alberto Sabogal, también de EsSalud.
“Ya en la clínica Vesalio, luego de hacerle análisis por 2500 soles, nos indicaron que debía ser internado. Nos pidieron 50 mil soles de adelanto y ese mismo día, juntando y sacando préstamos, se hizo el depósito”, relata una familiar de A.V.L. a Conexión Vida.
La desinformación y la desesperación obligaron a la familia a acudir directamente a la clínica privada, sin antes acceder a la figura del intercambio prestacional: convenio económico de EsSalud con las clínicas privadas, firmado en junio del año pasado, en caso de traslados por falta de camas UCI en el seguro social.
Al ser testigos de cómo, con el paso de los días, la cuenta engordaba más allá de las cinco cifras (solo en los primeros 5 días acumularon una deuda de 18 mil soles), el 21 de diciembre, deciden solicitar el traslado de la clínica a un hospital de EsSalud con camas UCI. A la par, presentaron a la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud una solicitud de intercambio prestacional para poder lidiar con la cuentaza.
A.B.L. murió el 2 de enero por complicaciones del Covid-19 en la clínica Vesalio, pues el traslado a un hospital del seguro social jamás se concretó, debido a que en Lima ya no había camas UCI disponibles en los establecimientos del seguro social y, a nivel nacional, apenas quedaban libres el 18% a inicios de este año.
A.B.L. les dejó a sus sobrevivientes una deuda de 156 mil 400 soles, la cual la tendrán que afrontar solos, puesto que la solicitud de intercambio prestacional de los ahora deudos –hasta hoy, 9 de diciembre– no tiene respuesta.
“El 3 de enero, no querían entregarnos el cuerpo, esa fue la respuesta del área de contabilidad de la clínica, pues los médicos no se quisieron meter. Nos dijeron que sí nos lo entregarían a cambio de que firmáramos una letra de cambio o pagaré”, recuerda la familiar de A.B.L.
Tras la negativa de la clínica, el 4 de enero los deudos sacaron del sombrero –cual conejo– la versión impresa del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (Decreto Supremo N° 013-2006-SA) y leyeron al personal de la clínica el artículo 70:
“Queda terminantemente prohibido que el establecimiento de salud retenga o pretenda retener a cualquier usuario o cadáver para garantizar el pago de la atención médica prestada, o cualquier otra obligación.”
Los de la clínica Vesalio al darse cuenta que la familia se había asesorado, ese mismo día dieron su brazo a torcer, entregando el cadáver y el certificado de defunción.
Conexión Vida se comunicó con este establecimiento de salud privado para conocer su versión de los hechos. Una operadora nos pidió nuestro nombre y teléfono para que la persona “indicada” de una respuesta oficial. Hasta el cierre de esta nota no se pusieron en contacto con este medio.
Recibiría sanción de 440 mil soles
El caso de A.B.L. no es aislado. Ante el creciente número de situaciones similares por el rebrote del Covid-19, la Defensoría del Pueblo emitió el 5 de enero un comunicado en el que recurre al artículo 70 del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo que prohíbe usar los cuerpos muertos de sus pacientes como objetos de chantaje para cobrar deudas.
Pese a la vil naturaleza de este acto de algunos establecimientos privados, para el abogado (especializado en materia de salud pública) Mario Ríos Barrientos la sanción que recae sobre la clínica Vesalio es de carácter administrativo, pues no se adentra en el ámbito penal debido a que la ley no considera persona al cadáver.
“Eso sí, sobre la sanción administrativa debe responder Susalud”, aclara Ríos Barrientos.
La sanción que puede imponer Susalud, de acuerdo a su Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por D.S. 031-2014-SA y modificatorias, va desde una amonestación hasta una multa de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias, quiere decir: 440 mil soles.
Pero no solo a las clínicas privadas. Los cucos de la historia también son los hospitales públicos, tal como el Víctor Ramos Guardia, uno de los principales nosocomios del Ministerio de Salud en Huaraz.
Allí, a finales de agosto del año pasado, con la pandemia a todo galope, se le exigió a un hombre el pago de 1366 soles como requisito para la entrega del cuerpo de su padre, quien murió por COVID-19. De acuerdo a la queja recibida por la Defensoría del Pueblo, el fallecido era asegurado de EsSalud, pero, debido a la falta de espacio para la atención en el hospital de esta entidad, se le trasladó al Hospital Víctor Ramos Guardia, sin presagiar que se le enviaba a la boca del lobo.
