Frente a la crisis institucional generada por la decisión del Congreso de la República de vacar al expresidente Martín Vizcarra, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:
1.- La democracia constitucional es el sistema político que peruanas y peruanos hemos decidido conjuntamente construir. Este sistema se basa en dos principios esenciales: la división y control del poder, y la garantía y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, todas las decisiones y acciones de los poderes del Estado deben estar en armonía con estos principios.
2.- La decisión del Congreso de vacar al Presidente de la República se ha realizado en base a una interpretación extensiva de la Constitución. El riesgo detrás del uso inadecuado de esta figura fue advertido en más de una ocasión por nuestra institución. Por ello, su configuración y límites sigue siendo materia de un extendido debate constitucional que debiera ser concluido por el Tribunal Constitucional. No obstante, tras la notificación y publicación de esta decisión en el diario El Peruano, todas las autoridades deben respetar el procedimiento sucesorio previsto en la Constitución.
3.- La actual situación nos confronta ante dos graves riesgos: la concentración del poder y la seria afectación de los servicios públicos que debe garantizar el Estado. En este punto, conviene recordar que, nuestro país aún se encuentra en una gravísima crisis sanitaria, que no debe ser en absoluto ignorada por nuestras autoridades. Hay que reiterar que el ejercicio del poder político se legitima sólo si a través de este se garantizan y protegen los derechos fundamentales. Asimismo, no puede dejarse de lado que nos encontramos en un proceso electoral en marcha, cuyo desarrollo libre y transparente debe ser garantizado por las nuevas autoridades.
4.- En línea con lo anotado, el Poder Ejecutivo debe dar señales inmediatas y concretas de que garantizará la separación de poderes, y evitará que las decisiones y acciones de gobierno se confundan con las del Poder Legislativo. Para ello, deberá designar un gabinete independiente, técnico con experiencia y con capacidad política para conducirse y relacionarse de manera autónoma con el Legislativo. De este modo, se garantizará el principio de gobernabilidad y cooperación entre poderes.
5.- Con relación a la crisis sanitaria que atravesamos, el nuevo gobierno debe minimizar los efectos de una eventual segunda ola, así como tomar todas las medidas para garantizar el acceso a una vacuna segura y eficaz para toda la población. Para ello es indispensable asegurar la continuidad del personal de la gestión de la crisis sanitaria y evitar paralizar las acciones contra el COVID-19, pues de lo contrario, se perderían muchas vidas humanas.
6.- Evitar la concentración del poder y garantizar los derechos fundamentales de las personas no solo es tarea del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso. Por ello, nuestra institución, exhorta al Parlamento a evitar la aprobación de leyes sin el cumplimiento riguroso del procedimiento legislativo, lo cual supone contar previamente con los dictámenes de comisiones, atender criterios técnicos y respetar el principio deliberativo, promoviendo la máxima participación de todos los actores implicados
7.- Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhorta a todos los poderes e instituciones públicas a conducirse estrictamente por lo establecido en la Constitución Política. En este momento de crisis, tanto la ciudadanía y líderes políticos deben actuar con la máxima prudencia colocando por delante el interés nacional. En el marco de sus competencias, nuestra institución cumplirá su papel de contrapeso del Poder Ejecutivo y Legislativo, y de garante de los derechos fundamentales.
