Pese a que una reciente directiva del Ministerio de Salud (Minsa) ordena a hospitales y centros de salud garantizar atención de partos las 24 horas.
Lima, Perù.- La mañana del 28 de abril a las 7:30 de la mañana, Miguel Arambulú y su esposa «J» fueron al hospital Jorge Reátegui, en Piura. «A mi esposa le bajaba agua, con cantidad de sangre», pues la labor de parto de su esposa había adelantado, porque estaba programada para la quincena de mayo.
Al llegar al nosocomio les negaron la entrada, «Le digo al vigilante que mi señora está de parto y me dice: si no se ha hecho la prueba, no la podemos atender acá», declara Arambulú. Según lo que le dijeron, no contaban con pruebas rápidas.
Transcurrida media hora de insistir y recibir negativas del vigilante y del personal de salud que pasaba por la entrada, fueron enviados al hospital regional José Cayetano Heredia, donde sí los recibieron. Todo estaba bien, hasta que salió un médico a hablar con ellos.
Ese doctor les dijo «Yo la voy a evaluar, pero si se infecta es su responsabilidad, porque acá hay casos COVID. Usted debió insistir en el Reátegui, acá tampoco tenemos pruebas» a lo que Miguel le respondió «En ese caso me la llevo, dije. No vaya ser que se infecte y pase algo más grave con ella y mi bebé».
Así, dos hospitales en Piura le pusieron trabas a una gestante en trabajo de parto. Ello pese a que una reciente directiva del Ministerio de Salud (Minsa) ordena a hospitales y centros de salud garantizar atención de partos las 24 horas. Entonces, ¿por qué pusieron en riesgo a una gestante negándole atención?
Hospitales colapsados por COVID-19
“En las últimas semanas se ha incrementado el número de partos. El problema se agudiza porque los espacios se han reducido, ya que hay un número de camas que se han destinado para atención del COVID-19”, señala Margarita Pérez, decana del Colegio de Obstetras del Perú (COP).
Según precisa la obstetra, el origen del desborde de los hospitales fue la suspensión de postas y otros centros de salud de primer nivel de atención al inicio de la emergencia sanitaria. “En estos establecimientos se atiende un 80% de controles prenatales (…) Todo se vio interrumpido de un momento a otro y las gestantes ya programadas para estas fechas se avocaron a hospitales”, declaró Pérez a Wayka.
Frente a ese cuadro y por insistencia de diversos gremios del sector salud, el Minsa aprobó dos directivas (del 22 y el 30 de abril) sobre la atención a gestantes y recién nacidos. Así, poco a poco se empezó a restablecer la atención en centros de primer nivel.
“Era una necesidad inmensa, sin duda es un avance. Pero estamos pidiendo al Minsa que ya se implemente, porque aún no han salido las precisiones y lineamientos”, indica la decana del COP.
Mientras tanto, la demanda de las gestantes continúa. A la falta de camas, se suma la reducción de personal de salud que está con licencia por edad (mayores de 60 años) y la falta de equipos de protección personal, sobre todo para áreas que no son de COVID-19.
A nivel nacional, se han registrado ya 106 muertes maternas. Tres de ellas, por infección de COVID-19. De acuerdo a la obstetra Margarita Pérez, colegios regionales reportan que los casos se incrementaron por la interrupción del control prenatal durante la cuarentena. “Es justamente en esos chequeos que se identifican señales de riesgo en el embarazo y se puede prevenir la mortalidad materna”, señala.
Cifras alarmantes
Al 25 de abril de este año, en Piura se habían registrado siete muertes maternas. Se trata de la cuarta cifra más alta, después de Lima, Loreto y La Libertad. Algo que lamentablemente no sorprende, pues esta región ha mantenido altas cifras de mortalidad materna en los últimos cinco años.
En un reporte previo del Minsa se informaba que, de las muertes maternas ocurridas hasta el 18 de abril, 53.7% correspondían a mujeres entre 20 y 35 años, mientras que 29.5% fueron mujeres mayores de 35.
