Pacientes y usuarios con necesidades urgentes de atención en salud, no reciben medicamentos ante la priorización de la pandemia por COVID-19
Escribe: Jeyson Buitrón Picharde – Opinión
“Cuidemos a nuestros adultos mayores del COVID-19. Ellos y las personas con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras, son los más vulnerables. La prevención es lo más importante en este momento”, manifestaba el 12 de marzo en su cuenta de twitter el titular del consejo de ministros: Vicente Zevallos.
Seguramente manifestaba ello sin imaginar que un mes después los casos confirmados de
contagios por Covid-19 en el país superarían a los 10 mil, con graves riesgos de colapso del sistema de salud.
Recogiendo las palabras del Premier ¿Por qué es importante bregar por la protección de personas de alto riesgo, con enfermedades crónicas, en este periodo de crisis sanitaria y de lucha contra la propagación del covid-19? A mi consideración, es importante porque en medio de todo y como valor sagrado está la vida de las personas, y junto a ello la protección de los y las más vulnerables; pero también es importante porque estratégicamente- de no proteger a dicha población, las Unidades de Cuidados Intensivos
colapsarían y con ello el sistema de salud; generando a su vez muertes masivas y una sensación de pánico generalizado en la población que podría anular todo tipo de actosolidario entre compatriotas. Lo cual no es un buen escenario para afrontar la emergencia sanitaria.
No obstante ¿Cómo entender la protección de las personas de alto riesgo o personas vulnerables, que adolecen de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, enfermedades renales crónicas o VIH/Sida, entre otros? ¿Entender la protección de esta población cómo un problema individual donde el ciudadano se hace responsable de sus problemas o en términos de una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y el Estado?
Los países que lograron controlar la pandemia han demostrado al mundo que para combatir el virus se requiere dos elementos principales: se requiere la participación del Estado a través de un sistema de salud que piense en la gente por encima de las ganancias de las empresas; así como la participación activa de la gente a través del aislamiento social, evitando las aglomeraciones, conservando la limpieza, entre otras cosas. En ese sentido, queda claro que la respuesta a la crisis sanitaria debe ser compartida y con mucho más acento en la población de alto riesgo, de lo contrario tendremos muchas pérdidas humanas.
Pero, en el Perú ¿Cuánto se estima que es la población de alto riesgo con enfermedades crónicas? Solo hasta el 2015 había alrededor de 2 millones y medio de pacientes con enfermedades renales crónicas; para el 2016 las personas con diabetes alcanzaban los 2 millones; en el 2017 las estimaciones de personas con TBC fueron de 37 mil; en diciembre del año pasado el Minsa reportaba 79 mil personas detectadas con VIH o Sida; y, al 2019 llegamos con 150 mil personas con problemas oncológicos o cáncer, así como con cerca de 4 millones de personas con hipertensión. De modo que entre pacientes con alguna de estas 6 enfermedades crónicas hacen un total de 8 millones 700 mil personas, es decir, 26% de todo el país. ¿Cómo es que se llegó a tener tantas personas con enfermedades crónicas? ¿El gobierno toma en cuenta a dicha población en los planes de acción para enfrentar la propagación del Covid-19? Son preguntas que buscan responderse en el presente trabajo.
Rosa Catalina Picharde Aguilar es de una familia humilde, se encuentra afiliada al Sistema Integral de Salud (SIS) y a través del seguro se trata la diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica. Durante estos años ella realizaba su tratamiento con relativa normalidad: salía de casa a las 5 de la mañana, tomaba una moto taxi hasta el paradero para coger su micro que la llevase hasta un lugar cercano a la clínica, y posteriormente tomaba otro mototaxi hasta la puerta de su centro de hemodiálisis; de vuelta, el mismo recorrido. Sin embargo, ahora que nos encontramos en estado de emergencia y con el riesgo de contagiarse del Covid-19, el traslado de su casa a la clínica resulta una pesadilla.
Y con toda razón, Rosa, de contagiarse del Covid-19 entraría a la Unidad de Cuidados Intensivos. De modo que Rosa solicitó a Fissal, institución que vela por enfermedades de alto costo de usuarios del SIS, un vehículo para su traslado de su casa a la clínica, sin embargo le respondieron que no tenían presupuesto para ello.
¿Cuántos miles de peruanos tienen que sobrevivir al abandono del Estado y el Gobierno?
Desde que se dio la alarma de que el Covid-19 pudiese llegar al Perú y se consideró un potencial peligro hasta nuestros días-esto es, desde el 1 de febrero hasta estos días de abril- el Gobierno a través de Decretos Supremos, Decretos de Urgencia y el Presupuesto Institucional del Minsa, ha destinado cerca de 1800 millones de soles para afrontar la emergencia sanitaria y la propagación del virus en el país. Dicho dinero se ha distribuido en la contratación de personal, habilitación de centros hospitalarios, estrategia de comunicación, compra de equipos de protección personal, medicamentos, de pruebas de reconocimiento del Covid-19, entre otros. Pese a la lentitud del gobierno para hacer llegar las compras, puede decirse que el gobierno no ha escatimado esfuerzos en garantizar un presupuesto considerable para combatir el virus; sin embargo, no se ha tomado en cuenta en el programa presupuestal a las personas de alto riesgo con enfermedades crónicas que en este periodo crisis sanitaria serían las primeras víctimas.
Hace unos días, a un activista de Givar, Grupo Impulsor de Vigilancia sobre abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales, le escribió un paciente con VIH que requería ayuda: “Le escribo para decirle que hace un mes no tomo mis medicamentos. Fui a Ecuador por 3 días y terminé quedando en cuarentena por 20 días y luego el gobierno nos repatrió y llevó hasta el hotel Casa Andina en Surco y llevo ahí 10 días. Me faltan 4 para salir y acá no me permitían que compre o traiga los medicamentos. Me atiendo en Via Libre y me dicen que este mes no me van a dar los medicamentos porque no hay y que me los consiga. Tomo Lopinavir, Tenofovir y Lamivudina, quería que me ayuden para no dejar más tiempo sin tomar las medicinas”.
El 16 de marzo junto a las medidas de aislamiento social, el gobierno a través del Minsa declaró la suspensión de consultas externas en los hospitales que se encuentran a su cargo
durante las dos primeras semanas que dictaba el aislamiento social, con el motivo de evitar la propagación del Covid-19. Asimismo, se declaró que se entregarían medicamentos a domicilio. ¿Cuántas personas recibieron medicamentos a domicilio? El paciente con VIH no recibió medicamentos, Rosa tampoco los recibió, Cristian Navarro Leiva, con problema oncológico, tampoco los recibe. Si la entrega de medicamentos a domicilio es ineficaz ¿Cuál es la gran medida del Gobierno para proteger a las personas de alto riesgo con enfermedades crónicas? ¿Suspender las consultas externas? Siempre se puede hacer algo más por defender la vida y mucho más si se tiene el dinero.
¿Se está garantizando la protección de las personas de alto riesgo en términos de responsabilidad compartida entre la ciudadanía y el gobierno, tal como exhortaba el Primer Ministro? La gente hace lo suyo, se queda en casa, se lava las manos y evita el contacto con otras personas, pero ¿el Gobierno hace lo suyo?, ¿garantiza un bono o las condiciones materiales para que las familias se queden en casa?, ¿garantiza el medicamento de las personas con enfermedades crónicas?, ¿garantiza el traslado de las personas con enfermedades crónicas que requieren asistencia médica, como las hemodiálisis, o las visitas domiciliarias de médicos para atender las dolencias de las personas de alto riesgo? Parece ser que, paradójicamente, a la exhortación del ministro Vicente Zeballos, el gobierno hace poco o nada por garantizar la protección de las personas de alto riesgo con enfermedades crónicas que en el Perú es una población inmensa.
Por ello, es necesario resarcir el abandono con el que se ha dejado a las personas con enfermedades crónicas y las más vulnerables en la lucha contra el virus. Es necesario garantizar efectivamente la entrega de medicamentos a domicilio, generar las facilidades del traslado de personas que requieren ir sus centros de salud para sus terapias.
Hay mucha gente que en todo este periodo de cuarentena ha gastado lo que tenía en sus ahorros y ya no sabe cómo sobrevivir; por lo que es urgente que el gobierno brinde un bono compensatorio universal que supere los errores de las bases de datos y no pierda tiempo para la atención de nuestros compatriotas. En este periodo cada día es crucial para
conservar la vida.
Por último, como parte de las lecciones que nos está dejando la crisis sanitaria recojo una preocupación importante de valorar: referida a la cantidad de personas que padecen enfermedades crónicas en el Perú. Las cifras de enfermedades crónicas, en lo inmediato, aparecen como una interpelación al gobierno para que proteja a dicha población en este contexto de crisis sanitaria; pero, por otro lado, deriva a su vez en un cuestionamiento al Estado en torno a la efectividad-si es que las hay- de las políticas de salud para prevenir este tipo de enfermedades. Hay que tener en cuenta que las enfermedades crónicas no solo son costosas en su tratamiento sino que además- y lo más importante- es que reducen los años de vida de las personas que la padecen. Por ello, espero que el presente trabajo propicie el pensar la salud también desde la prevención, no solo porque podría darnos facilidades en términos presupuestales, sino porque avanzamos en la protección y el bienestar de la vida humana.
