Covid 19: Un balance en medio de la Profundidad de la crisis de régimen político-económico

En medio de la crisis por el Coronavirus el experto de salud Mario Rios brinda un análisis sobre el ámbito político-económico del país.

Escribe: Mario Rios Barrientos

Lima, Perú.- El país tiene una crisis de régimen político, económico y social que generó la más profunda desvinculación de representación política entre sociedad y Estado, con la consecuente desigualdad y exclusión de los mecanismos de poder de la amplia mayoría nacional, teniendo en la práctica una democracia formal con baja cohesión social. Esta situación se agravo con la presencia de la corrupción en el conjunto del Estado y en la sociedad. No encontrábamos salida a este proceso de crisis y en esas condiciones tenemos que enfrentar la pandemia global del Coronavirus 19, COVID 19, que ha ocasionado cientos de miles de contagiados y miles de muertos en los diversos países, teniendo su mayor impacto en mortalidad en China, Italia, España, otros países europeos y en estos días a Estados Unidos de América.

El COVID 19 ha puesto de manifiesto la crisis de los sistemas de salud del mundo, su presencia y rápida propagación está afectando no solo la economía global sino sobre todo las bases de la construcción del orden internacional. La forma de enfrentar la situación de crisis sanitaria por cada país tiene el rasgo de las orientaciones políticas de los pensamientos políticos e ideológicos que sostienen sus respectivos regímenes y los entornos culturales que representan cada sociedad. Distinta la postura del gobierno chino para atender la epidemia, pudo organizar la respuesta pública a partir de tener un Estado centralizado y fuerte con respecto a los países europeos más dependientes de la industria del turismo, no pudieron tomar de inmediato medidas de inmovilización social que los llevo a exponerse a los embates de un virus veloz cuya diseminación fue rápida y ocasiono el colapso de la capacidad de respuesta del sistema prestacional de salud. Obligándolos en la práctica a la selectividad en la atención de la salud con criterios diferentes a la medicina y orientados más por la escasez de recursos, como las UCIs, y los ventiladores mecánicos.

Por ello es relevante hacer un análisis de la respuesta del Estado Peruano frente al COVID 19, en el marco de un Estado debilitado, con líderes cuestionados por la sociedad, la mayoría de autoridades representativas con problemas judiciales por corrupción y con un proceso electoral reciente (Enero 2020) que determina un nuevo parlamento, con menos del 50% del voto la población electoral y con el sistema de salud colapsado. Nuestro sistema de salud de orientación principalmente mercantilista, desregulado y con enormes carencias de recursos humanos, equipamiento e infraestructura, y con bajos niveles de gobernabilidad debe enfrentar esta pandemia.

El Gobierno Peruano declaro en emergencia sanitaria el país, por 90 días, mediante Decreto Supremo n° 008-2020-SA, dado el 12 de marzo del 2020. Se faculto a la autoridad de educación suspender el inicio de clases o la continuidad de la misma, tanto en el sector público y privado hasta el 30 de marzo. Es muy importante anotar que en el artículo 1 del citado DS, en el inciso 1.1., establece “En un plazo no mayor de 72 horas, mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Salud aprueba el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 1.1 del presente artículo, el mismo que incluye al Seguro Social de Salud – EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú́ ”.

El 15 de marzo mediante Decreto Supremo 044-2020 PCM se declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. En el artículo 1 del mencionado DS ordena que por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

 El jueves 26, el gobierno prorrogo la inmovilización social hasta el 12 de abril..

La estrategia que establecía el Gobierno para reducir el impacto en infectados, hospitalizados, usuarios del UCI y muertos por el COVID 19, se busca sostener en base a dos premisas básicas sobre las que trata de orientar el accionar del conjunto del Estado.

• La inmovilización social obligatoria, suspender el máximo de actividades y evitar el contacto entre los ciudadanos.
• Organizar la respuesta del sector salud, dotándole del máximo de equipamiento posible para atender a los que requieren hospitalización y atender en UCI con respiradores a los casos más

Los aciertos y límites de la inmovilización social obligatoria

 La decisión de la medida de inmovilización social obligatoria ha sido un acierto del gobierno. Ha permitido frenar la disparada de propagación del virus y que su crecimiento sea más lento que en otras sociedades. Esto debería permitir ganar tiempo para organizar la respuesta a las necesidades de atención de la población contagiada que requiere hospitalización y el uso de UCI. El problema para el éxito son las condiciones estructurales de la sociedad peruana que atentan con el cumplimiento adecuado de los objetivos de la emergencia sanitaria. Entre los problemas, es la falta de legitimidad del Estado, para organizar la sociedad peruana (País con democracia formal y no real para los ciudadanos, la gran mayoría excluido), economía nacional fundamentalmente informal, carencia de servicios básicos, (El 10% de la población sin agua y otros), etc. El enfoque del gobierno de buscar encarar esta emergencia sanitaria persistiendo en el molde de las políticas públicas neoliberales, es decir, compensación focalizada en función de la base de datos de sistema de focalización de hogares o ingreso de la población informal sobre la base de la información municipal puede hacer fracasar los objetivos de la emergencia sanitaria, lograr mediante la inmovilización social obligatoria que se controle la propagación del virus.

Lejos de virar a medidas universalistas y de compensación al conjunto de los afectados, el gobierno persiste en su enfoque de focalización y centra ahora la posibilidad de éxito de sus medidas en el disciplinamiento de los ciudadanos, pretende lograrlo con el mayor control y participación de las fuerzas armadas y policiales. Negándose a aplicar decisiones económicas que tranquilicen a la población en su sustento material, afectando a los intereses del gran capital financiero.

Si el gobierno, hiciera uso de los recursos públicos que dispone para atender las necesidades de los ciudadanos como producto del inmovilismo, permitiría a la sociedad

peruana lograr el éxito de esta estrategia, esto implica hacer uso del más del 2% del PBI, es lo que se está dando actualmente, a través de la reasignación presupuestal,. Se debe hacer uso del fondo de estabilización. En otros países de la región están gastando hasta 5% a 7% de su PBI, EE.UU hará uso del 10% para atender la emergencia. Nuestro país tiene los recursos suficientes para atender esta emergencia y el espacio financiero, dado los recortes en el gasto público y las medidas de ajuste a la que se ha sometido a la sociedad peruana en los últimos 30 años y una deuda externa que no supera el 10% del PBI2.

Está claro que el Estado debería evitar los problemas burocráticos – administrativos que tiene por el bajo nivel de información sobre la economía en el Perú, no tener sistemas confiables para identificar a la población afectada y teniendo que garantizar el inmovilismo social debería dar un bono compensatorio universal3 a todas las personas afectadas en sus ingresos producto de la cuarentena y entrega de los insumos para el acceso a agua y jabón de toda la población excluida de este servicio elemental. Resolviendo la base material, debería de garantizar en la emergencia la disposición de recursos productivos (alimentarios, industriales y financieros), reorientando la organización de la economía en base al bien común, disponiendo los capitales a atender las carencias que tenemos para enfrentar la pandemia y los problemas de salud y vida de los ciudadanos, produciendo una reforma integral del Estado que base la estrategia en el cumplimiento de los derechos universales. La capacidad coercitiva y los instrumentos que permitan el acatamiento de la población a las medidas determinadas para la emergencia sanitaria deben ser usadas con el total respeto a las personas.

Garantizar la respuesta epidemiológica (Prevenir y controlar la propagación), garantizar los servicios a los contagiados y evitar los daños colaterales.

 El 31 de enero del 2020, el Ministerio de Salud emite la Resolución Ministerial No. 039 -2020/MINSA que aprueba el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción de coronavirus 2019 – nCoV”. Este plan establecía el reforzamiento de la red de laboratorios del país, la protección del personal sanitario a nivel nacional, la garantía de los insumos para la red, entre otras cosas. El presupuesto destinado para este trabajo era de 389 mil soles que debían ser aplicados a los Recursos Ordinarios de las instituciones, es decir, no eran recursos nuevos. y que ahora son totalmente insuficientes. Iniciando el proceso de compra de una cantidad mayor 15 días después de iniciado la cuarentena.

Uno de los pilares del éxito de la estrategia es el diagnosticar, diagnosticar, diagnosticar, nos ha dicho el Ministro de Salud. Bueno si no tenemos ni las pruebas moleculares, recién están entrando las serológicas, con proceso de validación de por medio muy difícilmente vamos a lograr este pilar. El diagnóstico y el seguimiento de la situación del virus en campo son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia sanitaria y establecer el cerco epidemiológico. Lamentablemente esta que es una función esencial del Estado, no se ha logrado concretar por la falta de pruebas disponibles en el país. Por lo tanto, todavía estamos a ciegas en el seguimiento del virus. Evidentemente que las entidades públicas siguen trasladando sus ineficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones con lo que ponen en riesgo el éxito de las medidas de inmovilización social.

Dado el relativo éxito de la inmovilidad social, se ha ganado tiempo para preparar el sistema de servicios para atender a los casos que requieran hospitalización y el uso de servicios de mayor complejidad como son las Unidades de Cuidados Intensivos y los respiradores artificiales. Se ha incrementado la oferta de estos servicios con la habilitación de la Villa Panamericana y el giro en torno a la orientación del Hospital de Ate. Esperemos que la cantidad de casos no sobrepase la capacidad de respuesta para no tener que observar una alta mortalidad por carencia de servicios, tal como viene sucediendo en el sistema sanitario español e italiano.

El otro tema, es evitar que la centralidad y concentración del sistema de salud al priorizar los esfuerzos en el coronavirus 19, no pierda de vista el tratamiento del resto de condiciones de las personas dolientes en el país. Esto es particularmente grave si se trata de las enfermedades crónicas que requieren un permanente seguimiento de la condición del paciente y un alto uso de los servicios hospitalarios. El eje que se debe mantener es un equilibrio que evite el daño colateral, el giro en la intensidad de respuesta del sistema de salud no debe tener como efecto colateral el crecimiento en mortalidad injustificada de los pacientes crónicos, más aún si estos son población vulnerable frente al propio COVID 19.

La respuesta a la epidemia debe permitir resolver los problemas de fragmentación y segmentación de los diversos subsistemas de salud que debilitan la capacidad de conducción. El MINSA debe liderar este proceso, disponiendo el conjunto de recursos de los diferentes actores del sistema de salud, públicos y privados realizando una distribución eficiente de responsabilidades, donde todos apuntan al reordenamiento en base a objetivos concretos. En esa línea el MINSA debe tener la capacidad de disponer de los recursos de las instituciones, centralizar el equipamiento, promoviendo las UCIs como respuesta integral de la sociedad y que no sean usados en función de las instituciones, sino de las prioridades país, lo mismo para el resto de recursos. Todos los recursos sanitarios incluidos los privados conducidos por el Estado a través del responsable de la conducción de la salud del país, el Ministerio de Salud

Finalmente, una línea es generar las mejores condiciones de trabajo al personal de salud, no es aceptable que se contrate nuevo personal sin derecho mínimos, como el Seguro Complementario de Riesgo, determinada seguridad en el empleo y protecciones de bioseguridad en el puesto de empleo, condiciones que no están siendo garantizadas a los contratados y seguridades en el traslado, alimentación y otros a los actuales servidores públicos de salud. Un hecho que llama la atención es que recién se estén comprando las mascarillas para la protección del personal de salud a precios elevados 19.60 soles cuando su costo en febrero era de 5 soles. Esto pese a que la determinación del cumplimiento de este objetivo era febrero.

CONCLUSIÓN:

• Necesitamos garantizar el éxito de la medida de inmovilidad social, el Estado debe reorientar sus decisiones económicas y políticas con el objetivo de lograr el bien común. El Estado y el gobierno son responsables de lograr el objetivo así como tener una estrategia adecuada con los insumos suficientes para evitar la alta tasa de mortalidad sin descuidar a las poblaciones afectadas por problemas crónicos del sistema de
• El país debe enfrentar un cambio profundo en las reglas de organización del sistema político – económico – social que implica el fortalecimiento del Estado y la priorización de la salud pública. La fragilidad que demuestra nuestro Estado para encarar problemas de salud en general y epidemias como las que estamos viviendo hacen más vulnerable el derecho a la vida y la salud al no tener un tejido social ciudadano que construya un país democrático con justicia