El Estado destina un presupuesto menor al 1% del sector para la educación inclusiva.

Byron

Julia Ara la madre del pequeño Byron un niño que se encuentra en silla de ruedas y al cual se le ha negado la educación en un colegio regular, aun así durante los dos últimos años Julia ha llevado a su hijo a estudiar actividades extracurriculares para que desarrolle sus diversas capacidades.

Bayron fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad neuromuscular caracterizada por atrofia y debilidad muscular. Hasta el 2017 Byron asistía con normalidad a la escuela pero la progresión de su condición medica ocasionó que tuviera que dejar las clases, tardaron 1 año él y su madre en aceptar que tendrá que vivir con su condición.

A inicios del 2019, Julia no tenía más dudas: su hijo tenía que volver a estudiar, pero no en un colegio de educación especial, sino uno regular, pues, como ella dice, es un niño normal.

“Es una obligación del Estado peruano garantizar la educación de niños y niñas con discapacidad, que tengan logros de aprendizaje. Sin embargo, ¿cuánto del presupuesto del sector Educación se otorga a esta población vulnerable? Menos del 1%”

Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Pero, según las más de 10 autoridades de los colegios que ha recorrido Julia, ni su infraestructura ni su personal docente está preparados para un niño con discapacidad. “Primero pregunté por Facebook, pero cuando les decía si había vacantes inclusivas, me decían que no. Algunos me dijeron que debía contratar una auxiliar particular para que lo atienda”, cuenta.

Un día, su hija mayor le contó sobre un colegio estatal que tenía ascensor e infraestructura adecuada para niños con discapacidad. Entonces preguntó por Facebook y aceptaron darle una vacante, pero cuando acudió personalmente, le dijeron que ya habían sido ocupadas por niños regulares. No se rindió y tiempo después acudió con personal de la Omaped de Carabayllo, pero esta vez le dijeron que “el ascensor estaba malogrado”.

Julia no ha descansado en su lucha y hace unos días acudió al Ministerio de Educación (Minedu), donde le dijeron que no pueden negarle la vacante y que vaya nuevamente al colegio. “Tenemos una norma que indica la reserva de dos vacantes por aula, pero esa norma no es respetada o es entendida a la inversa, no dice como máximo, sino como mínimo”, confirma Ana Cavero, directora de Educación Básica Especial del Minedu.

Giacomo Moretti 

Giacomo es un niño feliz que le gusta la escuela sin embargo ha sido rechazado por 26 planteles a pesar de ser privados, la razón por la cual los colegios no lo aceptan es porque Giacomo tiene síndrome del down. 

Sus padres Antonio Moretti y Brenda Rucoba tienen que soportar la indignación y la impotencia al recibir frases como “Si quiere lo aceptamos, pero no nos hacemos responsables si le hacen bullying”, “no somos un colegio inclusivo”, “los profesores no están preparados”. “La impotencia de que te rechacen sin que te conozcan, sin que te den oportunidad, simplemente es un bloqueo total”, mencionan. 

Algunos les dijeron que debería pagar por un servicio de acompañamiento, “una persona que está lado del niño”, lo que, según la representante del Minedu, no es un requisito.

Mucho tiempo después, Brenda encontró un colegio que reconoció el derecho de su niño. Este año, Giacomo pasará a quinto de primaria. “La mensualidad es más que una pensión universitaria. Me imagino lo que deben pasar quienes no tienen recursos”, piensa.

 

¿Que medidas se están tomando?

Para el 2020, el presupuesto para el Programa Presupuesto 106 es de S/ 215 millones 988 mil 469, lo que significa un aumento de más de S/ 18 millones con respecto al 2019; sin embargo, la cifra que representa en el sector Educación sigue siendo menor al 1%. Con este aumento, el Minedu ha priorizado la contratación de personal capacitado (intérpretes de lengua de señas, terapistas del lenguaje) y la mejora en la infraestructura. Julia, aún en busca de una vacante, y Brenda, que no se rindió ante los rechazos, que anhelan ver pronto esos avances.

Según Ana Cavero, del Minedu, se han triplicado las plazas para el 2020. Ahora habrá 601. Además, “a diferencia de otros años, se han incorporado plazas CAS para inclusión, que suman 295 de las 611, representando un 48% de las plazas totales en esta modalidad de contratación”. Esto se seguirá ejecutando de forma progresiva. Dice que “no basta con que esté matriculado, sino que requiere ser atendido”.

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