Cusco, Perú.- Doce exfuncionarios del Gobierno Regional Cusco involucrados en serias irregularidades en la construcción del Hospital Antonio Lorena quedarán libres de cualquier proceso administrativo sancionador, luego que el Tribunal Constitucional (TC) recortó facultades a la Contraloría para procesar y sancionar a quienes estén inmersos en hechos de corrupción.
Recordemos que la Contraloría impuso proceso administrativo sancionador contra una docena de ex funcionarios y servidores de la gestión de Jorge Acurio Tito y algunos de René Concha Lezama, quienes presuntamente están involucrados en irregularidades cometidas durante la ejecución del llamado “hospital de los pobres”, obra que fue adjudicada a la empresa brasileña OAS. Según el ente de control, las anomalías causaron un perjuicio económico al Estado peruano que supera los 4 millones 600 mil soles.
En junio del año pasado, el informe de auditoría realizado por la Contraloría encontró hechos irregulares en la cancelación del proceso de selección convocado por el Gobierno Regional del Cusco, en el año 2011, para elaborar el expediente técnico del Hospital Antonio Lorena. Ante ello, la región designó a la Oficina de Naciones Unidas Para Servicios y Proyectos (Unops) para que elabore el documento. La designación se hizo sin que exista fundamento legal. A la Unops se le pagó 312 mil 549.64 soles.
Asimismo, se observó deficiencias en la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, en la que generaron un pago excesivo de S/ 1 millón 792 mil 756.55 y otro indebido de 2 millones 537 mil 829.87 soles.
Por este último, se abrió proceso administrativo sancionador a: Ronald Pacco Mamani, Javier Huisa López, Iván Osorio Paiva, Efraín Calderón Pilares, Manuel Vargas Ramos, Vladimir Montoya Zamora, Hernán Ivar del Castillo, Jerónimo Chaparro Salas, Carlos Ramos Salinas, José Paullo Sotelo, Teófilo Valdez Hinojosa y César Palomino Pinto.
Todos quedarán libres de cualquier proceso administrativo sin impedimento para laborar en entidades públicas, no obstante, tienen temas pendientes en lo civil y penal, según el informe de Contraloría.
