Decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, dice que medida para reducir el precio de los medicamentos planteados en la propuesta de Ley es errada.
Escribe: Marlon Castillo / Conexión Vida
Lima, Perú.- El congresista Jorge del Castillo presentó el proyecto de ley 3001-2017 el cual busca crear una política de salud mental, que garantice el bienestar de la persona, la familia y la comunidad.
Este proyecto beneficiaría a unos 6 millones de peruanos que tienen problemas de salud mental y por lo cual se comenten actos de violencia.
Uno de los puntos más controversial de la norma es la propuesta para exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los medicamentos para tratar trastornos mentales.
Según se conoce los precios de los medicamentos para controlar este tipo de problemas de salud, son elevados, ya que una persona puede gastar hasta 3 mil soles al mes por su medicación y se cree que exonerando el impuesto los precios bajarán.
Al respecto, el Decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza dijo a Conexión Vida que plantear la exoneración del IGV no reducirá el precio, pues diversos estudios han demostrado que los precios a veces se elevan y terminan beneficiando a las empresas farmacéuticas que no tributan y mantienen los precios altos.
«Es necesario una política de salud mental que garantice la atención integral para prevenir estos problemas,que al haberse convertido en un problema agudo, debe crearse un fondo para el abordaje del problema. Debemos recordar que los medicamentos no son el problema de salud mental si no su abordaje y atención integral», expresó Llamoza.
En otro punto, la iniciativa obliga al Minsa, EsSalud, las Fuerzas Armadas y las clínicas provadas rindan cuentas al Congreso de las acciones realizadas a favor de la salud mental.
“El ministerio de Salud creará la dirección de salud mental, que en este momento se encuentra en un nivel inferior. Será el órgano encargado de supervisar y evaluar la política pública de salud mental”, declaró el parlamentario.
Finalmente, Del Castillo resaltó colocar como prioridad a las poblaciones vulnerables, primera infancia, adolescencia, mujeres y adultos mayores, bajo enfoque de derechos humanos e inclusión social.
