El presidente chileno pretende mejorar el ingreso de los jubilados y terminar con las listas de espera en el sistema de prestación de salud.
Santiago, Chile.- El presidente Sebastián Piñera anunció que reformará el denostado sistema privado de salud y el de pensiones, dos exigencias de los chilenos, que los culpan de malas prácticas y de discriminaciones.
En su primera cuenta pública en el plenario del Congreso, en Valparaíso, Piñera desgranó una batería de reformas para «dar un gran salto adelante» y transformar a Chile «antes que termine la próxima década, en un país desarrollado».
Entre las medidas de mayor calado, está la de mantener la tasa impositiva en 27% a las empresas, pese a que había prometido bajarla a 25%, para poder hacer frente a las ambiciosas reformas de salud y pensiones.
La reforma a las Isapres (Instituciones de Salud Previsional) busca poner fin a las discriminaciones que afectan a las mujeres -que pagan hasta tres veces más que los hombres- y a los adultos mayores, expulsados del seguro a partir de cierta edad, y que sólo cubren en torno al 60% del desembolso que realiza el usuario.
Y ello pese a que la salud financiera de las Isapres es envidiable. Solo en el primer trimestre de este año, obtuvieron 55,1 millones de dólares de beneficios, un 45% más que en igual período del año previo y la mitad de los que alcanzó el sector en todo 2017.
En el sistema público de salud, al que deben acudir el 80% de los chilenos con menos recursos, prometió reducir las listas de espera y mejorar el sistema de atención primaria.
Piñera anunció, además, una reforma del sistema de pensiones privado instaurado también por la dictadura y diseñado por José Piñera, hermano del presidente, al que sólo contribuye el empleado y cuyas pensiones se sitúan en torno a los 400 dólares.
La reforma pretende que, «de forma progresiva», «todos los chilenos tengan una jubilación digna», anunció el mandatario que prometió fortalecer el pilar solidario, para mejorar las pensiones de los más vulnerables y de las mujeres y postergar la edad de retiro para aquéllos que quieran seguir trabajando.
En materia de «gasto público e inversión pública hay en el orden de poco más de 26.000 millones de dólares» para financiar el pilar solidario, explicó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
El fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es una de las reivindicaciones de los chilenos que el pasado año protagonizaron gigantescas manifestaciones. Presionada por la calle, la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) envió al final de su mandato un proyecto de reforma al Congreso para hacer contribuir con un 5% al empleador.
En educación, anunció que enviará al Congreso un proyecto que crea un nuevo sistema único de créditos universitarios, sin intervención de la banca, otra extendida petición de los estudiantes para suavizar el endeudamiento millonario en el que suelen incurrir para poder estudiar.
«Es un guiño a los temas sociales. Él trata de dar esas luces en sus mensajes y separarse de su estirpe liberal y acercarse a las agendas sociales», comentó a l el profesor en ciencias políticas de la Universidad de Santiago, René Jara.
Y es que los temas sociales pueden ser el único terreno de entendimiento con la oposición en un Parlamento donde la coalición gubernamental carece de mayoría.
Fuente: Noticias RCN – Colombia
