Vicepresidente Richard Acuña, declara a la prensa / Foto: Oficina congreso de la República

El procurador antiterrorismo también criticó  lentitud del Poder Judicial para procesar casos contra los terroristas

Lima, Perú.- Duros fueron los cuestionamientos del segundo vicepresidente del Congreso de la República, Richard Acuña Núñez, hacia el Poder Judicial tras la decisión de éste órgano de ordenar el arresto domiciliario de los terroristas Osmán Morote y Margot Liendo.

Acuña Núñez, expresó su rechazo a este fallo que permitió la excarcelación de los cabecillas senderistas y lo calificó como “un acto de complicidad” entre el Poder Judicial y los terroristas.

“Los terroristas deben estar en la cárcel, pagando el terrible daño que hicieron al Perú. Este fallo es lamentable y no lo avalamos. Para mí, esto es un acto de complicidad entre el Poder Judicial y los terroristas. Esperemos que no sea así, pues ni con arresto domiciliario ni con otra prerrogativa o respaldo se puede excarcelar a gente que sembró el terror”, subrayó el parlamentario.

Foto: Difusión

“Los terroristas mataron a mucha gente inocente e hicieron mucho daño al país. Ellos no merecen el perdón de los peruanos”, sentenció.

Los delitos contra Morote

Osmán Morote fue detenido en 1988 y condenado a 25 años de cárcel por el delito de terrorismo, sentencia que se cumplió el 11 de junio del 2013. Sin embargo, no salió de prisión debido a que el Poder Judicial ordenó su detención y prisión preventiva por el caso Soras, conocido como “La caravana de la muerte”.

Dicho caso ocurrió el 16 de julio de 1984, cuando 117 personas de la comunidad campesina de Soras y siete anexos fueron asesinadas por Sendero Luminoso.

La prisión preventiva debía vencer en julio de este año, de acuerdo con el procurador antiterrorista, Milko Ruiz.

Foto: Difusión

A la fecha es procesado judicialmente por el atentado en la calle Tarata, del distrito de Miraflores, registrado en julio de 1992 y que dejó 25 muertos.

De igual forma, se le procesa por el caso Perseo, el cual se remonta al 2014, cuando la policía detuvo a 28 integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), grupo considerado fachada de Sendero Luminoso que el 2011 intentó convertirse en partido político. Según la investigación fiscal, el Movadef fue financiado con dinero proveniente de la actividad ilegal de Florindo Flores Hala, alias Artemio, excabecilla de Sendero Luminoso.

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