Frente a la coyuntura actual en el país.
Lima, Perú.- La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la concordia nacional y exhortó a los actores políticos a actuar con el sentido de responsabilidad que demanda la actual coyuntura política que se vive en el país, tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo recalca que debe respetarse la sucesión democrática establecida en la Constitución Política del Perú y la transición presidencial deberá hacerse ordenada y ceñida al mandato constitucional.
“El país demanda la conformación de un gobierno amplio y plural que tenga el firme compromiso de respetar los derechos fundamentales, priorizando la atención de la salud, educación, seguridad, lucha contra la corrupción y recuperación de la economía, restableciéndose de esta manera la confianza de la ciudadanía y la legitimidad de las instituciones”, recalca.
De esta manera, la Defensoría se pronunció sobre la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República y el video presentado por Fuerza Popular, donde se observan a congresistas afines a Kenji Fujimori, tratar de convencer a otros legisladores de rechazar la vacancia presidencial contra Kuczynski a cambio de obras.
En el comunicado se menciona que la trama de corrupción expuesta, constituye una vulneración de los derechos de 32 millones de personas, “quedando al descubierto que la gestión pública, en lugar de atender las demandas sociales, se ha dirigido a satisfacer los intereses particulares de malos funcionarios, evidenciando que los servicios públicos se negocian en el Perú”.
En tal sentido, en el comunicado se recalca que esta situación se produce, entre otros aspectos, por la deformación perniciosa de la función de representación de los congresistas de la República, la cual no consiste en gestionar intereses para beneficio personal o ganar réditos políticos.
También exhortó a que, en el marco de un compromiso efectivo de lucha contra la corrupción, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría y las instituciones públicas competentes deberán investigar y sancionar a todos los responsables de los hechos revelados, garantizando el debido proceso.
