Ojo Público expone caso de Alafarpe usa la justicia para hacer maniobras anticompetitivas y tener monopolio en el mercado y una jueza cuya decisión perjudica al Estado con sobrecostos en medicinas de más de 42 millones de soles.
Lima, Perú .- Tremenda Juez. El portal de investigación periodística «Ojo Público», presentó el caso de la resolución que dictó la jueza constitucional, que obligará al Estado a pagar un recargo de más de 42 millones de soles en las compras del 2017 de medicamentos innovadores dominados por un grupo de farmacéuticas en el Perú. La decisión judicial amplía una medida cautelar previa que impide el ingreso de medicinas similares menos costosas y restringe más las ya limitadas funciones de su órgano regulador: la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Los perjudicados son los pacientes con cáncer, artritis, diabetes y VIH.
La magistrada del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, Malbina Saldaña Villavicencio, hizo inaplicable la norma que reguló en marzo de este año el ingreso de productos similares más baratos al país con la ampliación de una medida cautelar que favorece a 19 empresas de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe). Esta decisión judicial obliga al Ministerio de Salud, el Seguro Social y los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas a disponer un presupuesto que supera los 140 millones de soles, de los cuales casi la tercera parte es un sobrecosto debido a la ausencia de competidores en el mercado, según una proyección realizada por la ONG Acción Internacional para la Salud (AIS).
La guerra judicial de un grupo de farmacéuticas que busca a toda costa mantener el dominio del millonario negocio de los llamados biofármacos (medicamentos elaborados a partir de organismos vivos) empezó hace ocho años, pero tuvo un episodio clave en mayo de 2014: la Alafarpe –integrada por grandes laboratorios como Roche, Pfizer, Abbott, Bristol y Johnson & Johnson– consiguió una acción de amparo que bloquea el ingreso de medicinas similares por parte de empresas competidoras.
El argumento admitido en ese momento por la jueza Malbina Saldaña fue que, mientras los biosimilares no fueran regulados en el país, ponían en riesgo la salud pública y por eso debía prohibirse su importación, registro y comercio. La medida cautelar debía quedar sin efecto en marzo de 2016, cuando el saliente Gobierno publicó el esperado reglamento para el registro sanitario y la autorización de los llamados medicamentos biosimilares. Sin embargo, la Alafarpe se aseguró de que, aun cuando se promulgara la norma, esta no se pudiera implementar.
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Fuente: Ojo Público
