Lima, Perú.- Nadie detiene el derroche de gastos. Mientras la sociedad civil, pide medidas para regular el mercado y no favorecer a los monopolios económicos en el país, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, señaló que, por el momento, el Ejecutivo no impulsará una ley que regule los monopolios en el Perú.
La autoridad, en un artículo publicado hoy en el diario La República, dijo que “No está considerada ninguna ley antimonopolio en las facultades solicitadas al Congreso”, afirmó.
En ese sentido dijo que «es el deber del Indecopi proteger al consumidor y también al inversionista”, pese a que en nuestro país, la farmacéutica Bristol Myers Squibb, comercializa en calidad de monopolio el medicamento destinado al consumo de las personas con VIH Reyataz (Atazanavir), que durante los últimos 3 años, se llevó 67 millones de soles demás con su venta, al tener un sobrecosto.
Con el dinero que debió ahorrar el país, se pudo construir, por ejemplo, un hospital.
Todo hace indicar que el proyecto de Decreto Supremo para declarar de interés público el consumo de medicamento Reyataz, jamás verá «la luz», debido a que lleva 19 meses entrampado en la Presidencia del Consejo de Ministros, pues el ejecutivo no desea tocar el mercado, aún se despilfarre el dinero de todos los peruanos y a muchos que requieren de medicinas de alto costo, les digan que no hay presupuesto para su compra.
A través de la contratación directa N° 004-2016 , la unidad funcional de adquisiciones del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), establece la compra del medicamento a S/. 18,76 por tableta de Reyataz 300 mg (atazanavir), pagando por el total de la compra 15 millones de soles, cuando la misma empresa vende el producto en S/1.35 en el Brasil. Más de 17 soles de diferencia.
Zavala dio estas declaraciones durante la ceremonia de transferencia de la presidencia de Indecopi a Ivo Gagliuffi, quién es cuestionado por sus vínculos con la empresa privada.
Al respecto, Zavala consideró que el paso de un técnico de la actividad privada a la pública no es algo incompatible, y debe ser guiada por los adecuados mecanismos de transparencia para que no haya conflicto de intereses.
“Lo que hay que asegurar es que cuando un profesional pase al servicio público renuncie a cualquier otro cargo que pueda tener en una corporación”, manifestó.
Escribe: Marlon Castillo Castro con información del diario La República
