Madrid, España .- La Federación de Servicios a la Ciudadanía, las coordinadoras Trabajando en Positivo y Cesida y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales han solicitado por carta una reunión con el nuevo director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, para pedir que se eliminen las exclusiones médicas «no justificadas» en las oposiciones para acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que a su juicio suponen una discriminación para las personas con VIH.
Según estas organizaciones, Función Pública «se niega a revisar las exclusiones de acceso al empleo público amparándose en un supuesto mayor riesgo de transmisión que no se ajusta ni a la legislación vigente ni a la evidencia científica existente y lo hace justificando las exclusiones médicas bajo el criterio de garantizar el derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española».
Según un escrito remitido por el subdirector general de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, “es el reconocimiento y la protección de este derecho el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que éste sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.
Asimismo, añade que “las funciones de las personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional, por lo que se justifica suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.
Por su parte, según Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora estatal de VIH y sida,“esta justificación no responde a la legislación vigente, las recomendaciones por las que se rigen estas normativas están obsoletas, son de 1995. Y aunque existen diferentes referencias normativas a partir de las que se podría limitar el acceso y el desempeño de una persona con VIH en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, éstas hacen referencia a que sea el estadio clínico de la enfermedad el que impida la realización de las tareas habituales de la profesión, pero en ningún caso a la posibilidad de transmisión del VIH a otras personas”.
Para Julio Gómez, representante de la Coordinadora Trabajando en Positivo, “es una lástima ver que los avances que se producen en este sentido en otros países, como México, donde recientemente se ha reformado la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para eliminar como una causal de retiro a personas con VIH, no se lleven a cabo también en España”. Y añade, “el estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”.
