Cifra de desapariciones aumentó en 32 % respecto a enero de 2023, mientras que el porcentaje de mujeres ubicadas disminuyó en el mismo periodo.

Lima, Perú.- La Sexta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima abrió investigación contra las personas que resulten responsables del presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de K.Y.G.M., la joven de 18 años que fue quemada por su pareja este fin de semana cerca de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

Por su parte, los familiares de la víctima sindicaron a la pareja de la joven, Sergio Tarache Parra, ciudadano extranjero, como el responsable de este delito y pidieron su inmediata captura.

La joven está internada en el hospital Arzobispo Loayza, con quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo informó que, en febrero de 2023, se registraron 884 denuncias por desaparición de mujeres en todo su ciclo de vida, lo cual representa un 32 % más que enero. Con ello, ya suman 1555 denuncias durante el presente año (entre enero y febrero), siendo los departamentos con más incidencia Lima (486), Lambayeque (109), Cusco (104), Junín (94) y Arequipa (88) en los dos primeros meses.

Respecto a las personas ubicadas, en febrero, fueron un total de 691; de este número, 423 eran mujeres de todas las edades. Este número es un 22 % menos que lo registrado el mes anterior. Así, durante los dos primeros meses del 2023, se registraron un total de 966 mujeres de todas las edades; los departamentos con más ubicadas fueron Lima (313), Lambayeque (73), Junín (66), Cusco (62) y Piura (46).

Adicionalmente, en febrero, se han registrado 511 notas de alertas de mujeres desaparecidas: 312 (61 %) niñas y adolescentes, y 199 (39 %) adultas. En suma, en los dos primeros meses del año, se registran 983 notas de alerta, siendo que las regiones donde más se emitieron este tipo de notas fueron Lima (370), Lambayeque (28), Piura (27), La Libertad (22), entre otras. Se recuerda que las notas de alerta y alertas de emergencia, que son posteriores a las denuncias, resultan claves para que se active la búsqueda efectiva de las víctimas por parte del Estado y con apoyo de la comunidad.

De otro lado, en febrero, se produjeron 14 feminicidios (5 más que en el mismo periodo del año pasado), en 6 (43 %) de los cuales las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas; con ello, en el 2023, ya se registran 31 feminicidios Además, se registró la ocurrencia de 4 muertes violentas y 5 tentativas de feminicidio a nivel nacional (con lo que ya suman 8 muertes violentas y 13 tentativas a nivel nacional en lo que va del año).

Ante ello, resulta clave que se fortalezca la intervención policial con debida diligencia en atención a las denuncias, y que se evalúen las dificultades para la aplicación de procedimientos y soluciones que permitan proteger y ubicar a las víctimas de manera oportuna. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe reforzar la intervención de los centros emergencia mujer (CEM) y las unidades de protección especial (UPE), que permitan, además, apoyar a las familias de las víctimas.

Sobre el Portal de Personas Desaparecidas, es importante que se filtren las notas de alerta por región y tiempo; que sean llenadas de manera adecuada; que se coloque siempre la fotografía de la persona desaparecida, entre otros aspectos indispensables. Asimismo, debe ser pública la estadística sobre la relación entre desaparición y otros delitos, a partir del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), así como las principales causas de la desaparición.

Descarga el informe de la Defensoría del Pueblo 

Finalmente, resulta relevante que las instituciones nacionales, regionales y locales asuman un rol activo frente a la desaparición difundiendo las notas de alerta y alertas de emergencia. Para ello, deben cobrar un papel activo los medios de comunicación, nacionales y locales, que, a través de la difusión, contribuyen a promover que la comunidad conozca la situación de riesgo en que se encuentran las víctimas.

Con información de la Defensoría del Pueblo.